Redacción SL
El Poder Judicial respaldó a la jueza Alejandra Trejo Reséndiz en su resolutivo que ordenó poner en libertad a Luis Alberto “N”, acusado por la Fiscalía General del Estado de homicidio y feminicidio de dos hombres y una mujer, dos de ellos extrabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). La jueza determinó que los datos de prueba incorporados al proceso por la fiscalía no resultan suficientes para relacionar al detenido con el hecho delictivo, dijo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea.
“Está comprobado que hubo un feminicidio y homicidio, lo que no hay hasta este momento es esa vinculación entre los datos de prueba y la participación de él (Luis Alberto) en el hecho delictivo”, subrayó el magistrado y convocó a la fiscalía a abrir canales de comunicación para continuar en la investigación y abatir la impunidad.
Sin embargo, el fiscal Uriel Carmona Gándara respondió con una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de la jueza por una “franca” violación al debido proceso.
En un comunicado de prensa el fiscal identificó a la jueza Alejandra Trejo Reséndiz y la señaló de no juzgar con perspectiva de género y así justificó la denuncia en su contra, horas después de la audiencia de vinculación a proceso.
En su defensa, sostuvo que el proceso de investigación, cateos y detención de Luis Alberto “N” como presunto responsable de los delitos de feminicidio y homicidio calificado, cometidos en contra de tres personas en el municipio de Huitzilac, cumplieron con los requisitos que marca la ley.
No obstante, el resolutivo de la juez contradice al fiscal, incluso dio vista a la Fiscalía General de la República para investigar probables hechos de tortura y uso excesivo de la fuerza pública denunciados por Luis Alberto.
La jueza, dijo el magistrado presidente, desestimó que los cateos tuvieran un acto lícito considerando que el Luis Alberto ya se encontraba en calidad de detenido, es decir, no estaban en el sitio revisado por la autoridad. A esta persona, enfatizó el magistrado, le imputan autoría y participación en un delito, “pero necesitamos saber cuál fue el aporte que hizo en el hecho y no solamente hablar de que se encontraron algunos objetos en un domicilio en donde él tiene una vinculación, pero ni siquiera estaba en esa vinculación”, subrayó.
El magistrado aprovechó para informar que el Tribunal Superior de Justicia activó un protocolo federal de seguridad tanto del presidente como de dos jueces, luego de una serie de amenazas en su contra; la medida estaría vinculada al caso, trascendió.