Por Uzziel Becerra
Ciencias Políticas UAEM
Hablar de democracia implica siempre un asunto complejo; se refiere tanto a la regla de la mayoría como al respeto de las minorías y la garantía del respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, así como instituciones sólidas, reglas claras y procedimientos específicos, que garanticen el acceso al poder público de forma pacífica, ordenada y legítima. Aquí se encuentra el terreno de lo electoral. Cada vez que vivimos elecciones en el país la clase política sugiere cambios, modificaciones y reformas al sistema electoral, con diversidad de objetivos: simplificar las normas de la elección o para los partidos, acortar presupuesto a las instituciones electorales por austeridad, cambiar las facultades de determinados órganos, entre otros.
Ante los recientes debates parlamentarios para reformar el sistema electoral, cabe mencionar que, para efectos de resguardar nuestra joven democracia, se debe poner atención en la intencionalidad de los grupos políticos, puesto que los cambios en las reglas del juego generalmente buscan facilitar la permanencia en el poder y la gestión de los gobiernos de un determinado color. Lo vivimos con el PRI, cooptando las instituciones electorales hasta el año 1990, cuando se les da autonomía con la creación del Instituto Federal Electoral, hoy de carácter nacional (INE). Esa lucha por la democratización del país no debe olvidarse al momento de deliberar sobre las normas e instituciones electorales.
El pasado 1 de julio, estas mismas instituciones permitieron que la ciudadanía otorgara con su voto la representación política mayoritaria a MORENA. Por lo tanto, resultará absurdo acusarlas de ineficientes, corruptas o inservibles. Como cualquier institución pública, hay asuntos perfectibles y que pueden mejorar para el bien de los ciudadanos, sin embargo, amedrentar con reformas malintencionadas al INE, a los Organismos Públicos Locales, incluso a los Tribunales locales y al propio TEPJF, es atentar contra la democracia.
Si bien se puede argumentar que el diseño del sistema electoral mexicano es costoso, resultará más caro aun dañar las instituciones que hoy garantizan imparcialidad en la contienda, voto libre, secreto y directo en la elección de los cargos públicos; certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad y objetividad, como lo mandata la Constitución Política en su artículo 41. No nos equivoquemos, el INE y demás instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, no tienen color partidista; no sirven al poder público, sino a los ciudadanos, y son los ciudadanos los que deben exigir los cambios, no los intereses partidistas.