Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 26 de agosto.- El paro de labores anunciado para el próximo lunes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue “abortado” por trabajadores académicos, administrativos y de confianza quienes dijeron estar dispuestos a seguir laborando aún sin el pago correspondiente que se les adeuda de la primera quincena de agosto.
Al mismo tiempo, rechazó las condiciones del Ejecutivo estatal de abrir una cuenta para radicar los recursos (estatales y federales) en las que no tenga injerencia el rector Alejandro Vera Jiménez, debido a que viola los derechos humanos, de la autonomía universitaria, y particularmente de la Ley Orgánica, la cual establece que la facultad del manejo administrativo recae única y exclusivamente en la figura del rector, como lo establecen los artículos 27 (de las facultades) y 28 (de las obligaciones).
La universidad anunció el pasado viernes que ante la falta de certeza de pago al no contar con los recursos, suspendería labores el próximo lunes, con lo que el ciclo escolar que recién inició esta semana se vería afectado.
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) Morelos, intermediaria ente el Gobierno del Estado y la UAEM, explicó que derivado de la queja 203/207-3 que iniciaron el pasado miércoles las autoridades universitarias, solicitó al Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Hacienda, la implementación de medidas precautorias urgentes y necesarias, a fin de garantizar el recurso que permita ejercer el derecho a la educación de unos 40 mil alumnos y el pago a 6 mil trabajadores; para tal efecto se concedió un término de 24 horas.
Dentro de los términos estipulados, el Ejecutivo estatal aceptó las medidas pero condicionó la radicación de los recursos (estatales y federales) y vía oficio respondió a la CDH local “… que el Consejo Universitario, a través de una comisión especial… identifique o abra diversa cuenta bancaria a la señalada actualmente, que se encuentre contractualmente limitada o restringida para que los recursos que en ella se depositen sean destinados únicamente para los fines pactados voluntariamente por la UAEM, la SEP y el Gobierno del Estado de Morelos”, difundió el organismo descentralizado.
Por lo cual, abundó la Comisión, lo único que se necesita para hacer llegar los recursos a la UAEM es que esta máxima casa de estudios comunique al Poder Ejecutivo los datos de identificación de la cuenta bancaria y el contrato de apertura de la misma, donde se compruebe que se encuentra restringida exclusivamente para la dispersión de nómina y prestaciones.
Pero la UAEM rechazó tal condicionamiento por violentar y contravenir lo establecido en la propia Ley Orgánica en su artículo 4, fracciones III, IV y V, las cuales refieren el Alcance del Estatus de la Autonomía Universitaria, en relación con los aspectos financieros, normativos y administrativos.
Ello implicaría la destitución de los consejeros universitarios que así lo aceptaran, pues en su toma de protesta se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de la institución.
Además, la universidad argumentó que tal propuesta viola las Leyes Federales en Materia de Control Presupuestal y de Contabilidad Gubernamental, tales como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como Disposiciones que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
“El hecho de que la CDH Morelos acepte tal condición, evidencia que el presidente de ese organismo, Jorge Arturo Olivares Brito, pretende atender los derechos humanos violentando el estado de derecho lo cual representa una contradicción jurídica, ya que no se puede salvaguardar un derecho, violentando la legalidad.
Por lo tanto, la UAEM solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), atraiga la queja y la resuelva de manera directa.
El Ejecutivo estatal retuvo desde el pasado 28 de julio las partidas presupuestales (estatales y federales) a la Universidad por considerar como desvío de recursos el pago mensual de un crédito por 600 millones de pesos, contratado en 2014.
El pago de dicho contrato compromete los ingresos totales de los universitarios, y bajo ese criterio, la universidad no cumple con los acuerdos signados de las partidas presupuestales retenidas que deben usarse para el pago de salarios, servicios y papelería.
El Ejecutivo estatal denunció al rector Vera Jiménez ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto desvío de recursos, en tanto la UAEM denunció al gobernador Graco Ramírez, l secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna y al tesorero Armando Sanders por retención ilegal de los recursos y abuso de autoridad, ante la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría General de la República.