Por Uzziel Becerra
Han pasado dos años desde que el país se enteró, el 1 de julio del 2018, que la izquierda por fin alcanzaba el poder por la vía electoral, a través de MORENA y su líder principal Andrés Manuel López Obrador. Por lo que hacer un balance o evaluación de la gestión de López Obrador en este periodo deberá tener en cuenta la coyuntura de crisis sanitaria y económica global de este año, así como los aciertos y desaciertos en la toma de decisiones desde su toma de posesión, así como el despliegue de estrategias y narrativas, rumbo a la concreción de su proyecto de nación que plantea cumplir durante su sexenio, que concluirá en 2024.
En esta ocasión el Presidente no pudo convocar a la población a celebrar, como lo hizo en el pasado, el triunfo de su elección, sino que ofreció su discurso en redes sociales y medios de comunicación, construyendo narrativas, posturas de gobierno y descalificaciones a quienes considera sus adversarios permanentes (como de sello distintivo de su comunicación política). “El 2º año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México” inició resaltando que, como el nombre indica, la democracia triunfó con el advenimiento de la elección de AMLO y MORENA, por abanderar las causas más justas en la cosmovisión del partido en el poder. Además, las cifras, indicadores y números expresados en su totalidad son optimistas o “históricos”, sin embargo la realidad puede interpretarse distinto, y en una democracia se requiere hacer contraste entre los dichos y los hechos.
Un balance o evaluación de la gestión pública de un gobierno en turno requiere también, para efectos del trabajo que desempeñamos, es decir desde el análisis político, interpretar con pretendida objetividad (en la medida en que seamos consientes de las limitaciones, contextos y tendencias propias) las acciones, decisiones, procesos y determinaciones desde el poder político, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que otorgan el orden jurídico nacional, en cuanto a las reglas escritas, y también las que se gestan (metaconstitucionalmente)en torno a las reglas no escritas. En realidad hay muchas formas de interpretar las decisiones de gobierno, según sus medios, fines, resultados o consecuencias.
Pero vale la pena recordar que, conforme al diseño institucional del sistema político mexicano, el gobierno de López Obrador es acompañado por un Congreso mayoritario a su favor, articulando en términos politológicos una presidencia imperial, es decir, un ejercicio gubernamental que no es limitado por el Congreso, sino que, por la sobrerrepresentación (artificial y amañada) de los legisladores que lo respaldan, puede dar rienda suelta a sus iniciativas y determinaciones. Así ha sido en la mayor parte de la actividad política de su gestión, salvo contadas ocasiones en que, gracias la presión de la opinión pública y de la sociedad civil, la oposición política le limita y obliga a negociar, atenuando posturas o corrigiendo autocráticas, como el caso de correcciones en el Presupuesto de Egresos de
este año. Pero en lo general al Presidente le dieron el poder y la legitimidad de realizar cambios conforme a su visión de gobierno.
El equipo de “SinEmbargo” ha realizado la medición sistemática de los compromisos que el Presidente presentó el 1 de diciembre del 2018 (fecha en que oficialmente arranca su administración), constituyendo una serie de acciones, leyes y políticas que se pretenderían realizar en el resto de su sexenio. De esa forma, cuantitativamente AMLO ha cumplido el 35% de sus compromisos políticos y electorales, 22% se encuentran en progreso, mientras que 8% no se cumplieron y 35% no han podido ser evaluados por la falta de información, pues en ocasiones su planes y metas son imprecisos o difusos, o bien no se he produce información al respecto, lo que dificulta la evaluación profesional de su gobierno por la ciudadanía (academia, sociedad civil, medios de comunicación y grupos de interés, todos con legitimidad y obligación cívica de evaluar al gobierno).
La mayoría de los compromisos que ya están cumplidos son los relacionados con los programas sociales de bienestar, forzados a cumplirse gracias al programa de reactivación económica aprobado en marzo para cumplir con el apoyo a los sectores vulnerables a causa del paro económico por la pandemia de coronavirus. Los compromisos cumplidos a totalidad son: la reducción salarial de altos funcionarios, la implementación de precios de garantía para pequeños productores, cancelación de los fideicomisos (con excepción de los que son indispensables para el sostenimiento de centros educativos, de investigación, entre otros), la (contra)reforma educativa, la tipificación del fraude electoral, robo de combustible y diversos actos de corrupción como delitos graves, así como la apertura al público de Los Pinos y la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Los compromisos en proceso tienen que ver fundamentalmente con los megaproyectos o construcciones de inversión pública como el Tren Maya, la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía, así como las refinerías que darían vida a PEMEX.
Un primer balance que interpretar es el énfasis gubernamental de atención a las clases desprotegidas, marginadas y vulnerables, a causa del modelo económico-político neoliberal, lo cual se busca combatir a través de la universalización de los programas sociales de bienestar, compromiso que ya se ha ido cumpliendo con todas las limitantes y defectos subyacentes por la falta de reglas de operación y bases de beneficiarios verificable, que a su vez dificultan una evaluación seria de su viabilidad financiera. En cuanto al sostenimiento de becas para jóvenes que no trabajan o estudian, se enfrentará a la postre con el problema de trabajos temporales e insuficientes, pues su permanencia dependerá del cumplimiento de obligaciones recíprocas entre el Gobierno Federal y las instituciones o empresas afiliadas a los programas; sin cobertura total de derechos laborales mientras su pago sea una beca gubernamental y no un salario devengado del patrón para el trabajador que presta sus servicios, pues no hay un vínculo laboral concreto entre ellos. Incluso los empleos formales que pretende crear a través de los proyectos gubernamentales del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Banco de Bienestar serán insuficientes para la cantidad de personas desempleadas; será empleos temporales, destinados a la conclusión de las obras, condicionados a la voluntad sexenal y limitados conforme a las capacidades o especialidades de los perfiles a contratar.
Respecto de la economía nacional la situación no es favorable en términos macroeconómicos por los indicadores de crecimiento, puesto que 2019 la economía creció -0.2% y se perdieron 382,210 empleos formales; para finales de este año 2020 la estimación generalizada indica un crecimiento del -10% aproximadamente, y en lo que va del año el IMSS ha reportado una pérdida de 400 mil empleos en el mes de mayo y 550 mil durante el mes de abril. La rapidez con la que los empleos formales caen avizora un escenario negativo para las familias mexicanas, pues difícilmente se recupera un empleo formal cuando se ha perdido, obligando a las personas a emplearse en trabajos que ofrecen salarios bajos y destinados a cubrir tareas que no coinciden con sus capacidades, experiencias o estudios previos. Asimismo, el gobierno se ha empeñado en fragmentar al empresariado nacional, minando la credibilidad y confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros, por los antecedentes de cancelación de obra pública con contratos fijos y garantías, así como el despliegue de estrategias dedicadas a golpear sectores como el energético, por el intento fallido de levantar a PEMEX y la reciente disputa por las energías renovables.
Y aunque no íbamos bien antes que la pandemia tocara territorio nacional, no se puede culpar del todo al gobierno (sin pretender eximirlo de su responsabilidad hacendaria y económica), puesto que la suspensión generalizada de actividades productivas y en los mercados financieros internacionales a causa de la pandemia ha materializado una crisis económica global con impactos nacionales específicos sin precedentes en cuanto a su naturaleza. Las causas técnicas en lo económico son producto de distintos fenómenos simultáneos que han sido explicados por diversos economistas y financieros en el mundo, aunado a los que tenemos en el Banco de México gracias a su autonomía: un choque de oferta, gracias al paro de labores afectando la producción manufacturera y el sector de servicios, reduciendo drásticamente la oferta, poniendo en riesgo el funcionamiento de las cadenas globales de valor y la provisión de insumos para la producción nacional; un choque de demanda, al disminuir de forma drástica la demanda externa en la exportación de productos y la contracción de la demanda interna por las medidas de distanciamiento social, la disminución de ingresos de las familias y las empresas en consecuencia; y un choque financiero, por la aversión al riesgo de los mercados financieros internacionales, traducidos en restricciones de financiamiento externo, salidas de flujo de capital, aumento en las tasas de interés, depreciación del peso mexicano, y también a la caída en los precios del petróleo.
Respecto de la responsabilidad pública de atender las necesidades económicas de los empleadores privados del país, el Presidente rechazó todas las recomendaciones y medidas que en el análisis comparado de las políticas gubernamentales mitigaron la crisis económica en su variable de pleno empleo: otorgamiento de amplias líneas de crédito, una política fiscal flexible y atenuada respecto del cobro de impuestos, subsidios a los sectores primarios y secundarios, a las pequeñas y medianas empresas para equilibrar el pago de salarios y sostener el empleo, así como el despliegue de una cuarentena productiva, en la que el Estado impulsará e incentivará la digitalización de las empresas e industria con el fin de garantizar dinamismo a la economía. No fue el caso mexicano, pues López Obrador se empeñó en adelantar los recursos de los programas sociales y a extender la política fiscal contra la economía digital.
En otros tópicos como la seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó que el año pasado fue el más violento en la historia reciente de nuestro país, acumulando más de 35 mil víctimas de homicidios dolosos. A ello se suma la reciente afrenta contra el Estado mexicano del Cártel Jalisco Nueva Generación que ha cobrado la vida de juzgadores y ha atentado contra la vid de quienes diseñan, ejecutan y dirigen los operativos contra el narco. Este es, junto a las crisis sanitaria y económica vigentes, uno de los grandes retos que enfrenta el gobierno de López Obrador y que, pese al optimismo irresponsable de los números de homicidios dolosos, el aumento de la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y la desprotección de las víctimas, sigue siendo el flagelo de nuestra sociedad. De la crisis sanitaria por la pandemia de SARS-CoV-2 podemos señalar que al 1 de julio de 2020 el virus cobró la vida de 28,510 personas cuando al inicio de la cuarentena el Subsecretario Hugo López-Gatell estimaba defunciones entre 6 mil y 7 mil personas. 231,770 personas han resultado confirmadas por contagio y a la población se la ha hecho hincapié en determinar por sí mismos, la decisión de arriesgar la vida al salir a la calle a trabajar, quitándose la responsabilidad pública de los números de contagios y lamentables fallecimientos de covid-19.
Otro de los elementos fundamentales de la administración de López Obrador es la instauración de las conferencias mañaneras, que formalmente se articulan como un espacio informativo e indirectamente como un ejercicio de rendición de cuentas cotidiano, pero la realidad es que dicho espacio tiene el objetivo de desarrollar narrativas enfocadas a persuadir a sus militantes leales, al electorado fiel e ideologizado, así como a las personas que carecen de diversidad de fuentes de información (o que gracias al prolongamiento del tiempo dedicado a la mañanera considera que “ya está informado”). Por lo que la mañanera de alguna manera institucionaliza la posverdad y pragmatismo comunicacional a favor del gobierno y no de la ciudadanía informada. Las solicitudes de información de los ciudadanos ante el INAI para que el Presidente entregue la información que anuncia en la mañanera, información que luego declara como inexistente, es una evidencia contundente de lo anterior.
La aprobación del Presidente, pese al optimismo de sus cifras, no ha quedado intacta. Según una encuesta realizada por “El Financiero”, la aprobación de AMLO tuvo sus mejores puntajes en el mes de febrero del 2019, registrando 83% de los encuestados, correlativamente tuvo los niveles más bajos de desaprobación, registrando 14%. Durante el resto del año 2019, AMLO tuvo niveles estables de aprobación y desaprobación, registrando entre el 66% y 68%, así como del 31% de desaprobación. Sin embargo, la aprobación presidencial se encuentra actualmente con una tendencia a la baja, disminuyendo en 15 puntos desde enero de este año, pues registraba 72%, pasando al 56% en junio del 2020. A contrario sensu, la desaprobación presidencial ha subido y registra 42% de los encuestados, aumentando en 14 puntos desde enero hasta junio del 2020.
Cualitativamente, la disminución de la aprobación presidencial se debe en parte al advenimiento de la pandemia por covid-19, que puso en un enorme estrés al sistema político mexicano y al gobierno como institución primaria en la gestión de la crisis que no ha sido bien evaluada por la ciudadanía en esa tarea. No obstante, existe otra variable que puede dar luz en cuanto a la disminución de la probación presidencial: la constante afrenta a los componentes liberales del régimen democrático mexicano. Los golpes contra la prensa, medios de comunicación y periódicos (nacionales e internacionales), los pronunciamientos contra los organismos públicos autónomos y su progresiva cooptación institucional, la rivalidad con la autoridad electoral nacional, la narrativa del fraude electoral, así como el desprecio por los partidos y actores políticos de oposición ha debilitado el régimen democrático liberal del país, de forma tal que, quienes se encuentran comprometidos con la democratización del país, hoy señalan con preocupación la paulatina construcción de una hegemonía política encabezada por el Presidente bajo la bandera ideológica del nacionalismo revolucionario, apuntalando hacia un nuevo autoritarismo de partido único.
En el mismo sentido, con apariencia de responder a una demanda ciudadana, Morena usurpa los mecanismos de participación de la ciudadanía, cuando organiza desde el gobierno consultas públicas para la toma de decisiones del Gobierno Federal, mismas que se realizan fuera del marco legal y son realizadas sin garantía de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad. Cuando estos mecanismos son impulsados desde arriba, desde los intereses del Presidente y los legisladores a su disposición, el verdadero espíritu de su ejercicio se desvanece, puesto que los mecanismos de democracia directa implican que éstos sean impulsados primordialmente por los ciudadanos, es decir, desde abajo. La frase “el pueblo pone y el pueblo quita” termina siendo una falacia en favor de los intereses gubernamentales, de los intereses de la élite en el poder en busca de un régimen hegemónico.
En cuanto otro sentido, la optimización de las redes sociales ha permitido evidenciar un sinnúmero de incongruencias retóricas y discursivas. Aunque en tiempos de campaña electoral la segmentación de discursos funcionó para aglutinar a las masas de votantes, independientemente de la sustancia o congruencia del mensaje, una vez dirigiendo el gobierno, la misma estrategia comunicacional crea problemas de congruencia y continuidad. No se puede ir a una comunidad a afirmar, por ejemplo, que gobernar es fácil, utilizando simplemente el sentido común, y en otra circunstancia similar afirmar que no es fácil gobernar. Lo mismo ha sucedido en cuanto a los temas económicos, compromisos políticos, entre otros temas. Las benditas redes sociales, ejercidas como mecanismos informales de control del poder, ya no le permiten mentir a diestra y siniestra, sino que es evidenciado ampliamente de inconsistente y falsario.
En suma, el balance de López Obrador, desde nuestra perspectiva, es mayoritariamente peligroso para los fundamentos de la democracia liberal (no es lo mismo que el rechazo al modelo neoliberal, que por cierto no se ha ido en su administración), pues el desmantelamiento de organismos autónomos, la franca rivalidad con los medios y el desdén por la actividad académica es muestra de intolerancia y poco apego a los valores de la pluralidad real pone en riesgo la joven democracia mexicana, que cumple 20 años de asentamiento vía alternancia política en el año 2000. Pero ha de reconocerse también el avance por la búsqueda de igualdad, la maximización de oportunidades sociales y el combate de las desigualdades socioeconómicas lacerantes, las evasiones fiscales de grandes empresas transnacionales, entre otros aciertos que han sostenido, en parte, la aprobación mayoritaria del Presidente de la República como la eliminación de pensión a Expresidentes y el reconocimiento de las comunidades indígenas. Sin duda faltan elementos, cifras, datos duros y muchas más determinaciones que evaluar para poder hacer un balance completo y objetivo, pero mientras el sexenio continúe, el balance seguirá siendo un proceso largo (faltan 4 años para que concluya su mandato) que será definido por la elección del 2021, pues la correlación de fuerzas políticas puede modificar el proceso de la toma de decisiones, atenuando o extremando la disposición Presidencial para cumplir sus objetivos, los revelados y los descubiertos por el análisis político.
Finalmente, es el ciudadano quien, con las modificaciones o cambios que vive en su día a día, puede hacer el balance de los progresos y regresiones del presente gobierno, como podría hacerlo con cualquier gobierno anterior y posterior, del color rojo, azul, guinda, naranja, turqueza o cualquier otro. Es una obligación ciudadana realizar nuestra propia evaluación, sin embargo, no se debe caer en la tentación de evaluar sin información o con información parcial, sesgada o falsa (como promueven las Fake News y en ocasiones el propio gobierno ventajosamente). Debemos tener presente que evaluar al poder político desde la perspectiva del ciudadano no puede darse sino a través de la actitud republicana-liberal de desconfianza y vigilancia perenne del poder para cuidar que, en su ejercicio gubernamental, no exceda esferas, límites o aspectos que pongan en riesgo los derechos fundamentales, libertad e igualdad de las personas, sino que cumpla con las expectativas del mandato que le fue conferido en las urnas. Al tiempo.
*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM.