•Fiscalía Anticorrupción integra carpeta de investigación contra el exfiscal general del estado.
Por Tony Díaz
El ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, enfrenta una denuncia por el delito de secuestro, amenazas y presión psicológica ejercida contra su propio jefe de seguridad.
La víctima identificado con el seudónimo de “Jesús” por temor a represalias, narró la forma en que fue obligado a proteger a la excandidata del PRI-PAN-PRD-RSP, al gobierno del estado, Lucía Meza Guzmán, durante la campaña del 2024, pese a que su labor era resguardar al fiscal estatal.
Su viacrucis comenzó, de acuerdo co su relató, cuando otro guardaespaldas de la ex candidata, identificado como Carlos “N”, lo amenazó de muerte junto con su familia.
“Jesús”, temeroso por su vida y la integridad de su familia, solicitó el cambio de área para evitar encontrarse con Carlos pero en represalia fue asignado a la caseta de vigilancia en la entrada de la Fiscalía de Morelos, un movimiento que realmente es un castigo, con el único propósito de cansarlo y forzarlo a renunciar.
“Ese vato me escupía en la comida, me quitaba los tiros de mi pistola y por último me amenazó de muerte; yo solo estaba cumpliendo con mi encomienda y supongo que él se empezó a comportar así conmigo por la confianza que Lucy Meza me tenía por ser recomendado del fiscal”, contó Jesús.
Al ver que no lograban quebrarlo, se puso en marcha un nuevo plan para deshacerse de él.
Una vez finalizada la campaña, el martes 4 de junio de 2024, cerca de las 14:30 horas, el comandante Gustavo Adolfo Lugo se dirigió a la caseta de vigilancia donde Jesús se encontraba y con tono autoritario, lo obligó a subir a una camioneta con la excusa de que debía firmar unos documentos en las instalaciones del C3 de Cuernavaca, ubicado en la calle Narciso Mendoza, del poblado de Acapantzingo.
Al llegar al lugar, la trampa estaba lista: Enfermeras lo esperaban con jeringa en mano para realizarle supuestos “exámenes médicos y toxicológicos”, sin previa notificación ni justificación, tal como los marcan los protocolos.
“Al resistirme, me indicaron que entonces tendría que firmar mi renuncia o algo le pasaría a mis hijos y a mi esposa, esta amenaza la realizó Gabriela Cruz Quiroz (una de las operadoras de Carmona)”, denunció Jesús.
El pánico se desató en el lugar cuando Jesús se negó a firmar su renuncia. La orden fue inmediata: cerrar todas las puertas del C3 para evitar que saliera. Literalmente Jesús estaba secuestrado en una institución de gobierno.
Desde el otro lado de la sala, la agente María Elena Luengas Páez, parte de la Fiscalía Anticorrupción, recriminó indignada a Lugo por haber actuado mal: “¡La cagaste! Así no era el plan. Si no firmaba, debíamos sacarlo en la Kia blanca y llevarlo a otro lugar para obligarlo”, relata Jesús.
La tensión escaló cuando uno de los presentes gritó alarmado que lo estaban privando de la libertad. Solo así lograron dejarlo salir después de varias horas de encierro y de pánico, pues son conocidas las prácticas de tortura que agentes de las fiscalías pueden llegar a realizar.
Jesús, desesperado y sin saber a quién recurrir, buscó apoyo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, presidida por Raúl Israel Hernández Cruz, mismo que es cercano a Carmona, y quien lo recibió una sola vez. Tras escuchar su denuncia, ignoró el caso y dejó de darle seguimiento, por su evidente nexo de amistad.
Sin opciones, acudió con el exdiputado de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano, amigo y socio de Carmona.
Pero la respuesta fue devastadora: “No sé hasta dónde te pueda ayudar. No hay dinero de por medio”, le respondió el político, cerrándole otra puerta.
El jueves 4 de julio de 2024, Jesús presentó una denuncia formal en la Fiscalía Anticorrupción, integrando la carpeta número FECC/337/2024-7, con todas las pruebas del terror que vivió bajo las órdenes de Uriel Carmona.Pero su calvario no terminó ahí. Desde entonces, agentes de investigación criminal vigilan su casa, toman fotos y hostigan a su familia.
“Mi esposa que también es parte de la corporación, también fue víctima. Le retiraron sus armas con métodos ilegales. Tuve que intervenir para sacarla de ahí antes de que la presionaran más”, expresó.
Sin embargo, Jesús indica que estas acciones en su contra, fueron ordenadas por Jorge Antonio Hernández Narez, titular de la Agencia de Investigación Criminal, a quien el entonces fiscal, Uriel Carmona, ordenó presionar a diferentes agentes pidiendo recursos económicos, para poder subir de puesto o mantener su trabajo; al no pagar los hostigaban para hacerlos renunciar. Así fueron dejando fuera a los buenos elementos, comprometidos con la sociedad y colocando en puntos estratégicos que les pudiera beneficiar económicamente a quienes si pagaron, denuncia Jesús.
“Tengo miedo de lo que le pueda ocurrir a mis hijos y a mi esposa, no puedo trabajar porque tengo miedo de que cumplan sus amenazas, ya no tengo dinero y mi bebé de 8 meses requiere nebulizaciones, eso no le importó al ex fiscal del estado a quien tengo grabado y en una ocasión después de las amenazas me preguntó de manera intimidante: ‘¿Cómo están tus hijos?’”, recordó Jesús con angustia.
