Por Leticia Villaseñor
Cuautla, Mor., 16 de febrero.- Miguel Ángel tenía 21 años cuando fue “arrancado” de su casa en su natal Puebla, a inicios del año 2012. La familia se enfrentó al viacrucis de un secuestro y por seis años no supieron de su paradero, hasta que fueron notificados que el joven se encontró entre las víctimas de la fosa de Tetelcingo, en Cuautla.
El año en que Miguel fue privado de la libertad Morelos registró el recrudecimiento de la violencia, en la recta final del sexenio panista de Marco Antonio Adame Castillo. En marzo de ese año el cadáver de un joven fue localizado en un campo conocido como “La Escopeta”, en la comunidad de Itzamatitlán del municipio de Yautepec, situada a dos horas de la capital poblana, a unos 128 kilómetros de distancia.
Los victimarios de joven arrojaron su cuerpo a unos cañaverales envuelto en una lona azul. El propietario del lugar descubrió el cadáver, dio aviso a los elementos policiacos y expresó su temor de que la zona fuera ocupada como una “narcofosa”. El personal autorizado realizó fosas de sondeo pero no localizó ningún cadáver u otros restos humanos.
El cuerpo de Miguel Ángel fue llevado a la entonces Subprocuraduría Regional Oriente donde permaneció en calidad de desconocido por dos años, hasta que el 28 de marzo de 2014 su cadáver y los de 117 personas más fueron inhumados en las fosas de la comunidad indígena de Tetelcingo, sin los protocolos de ley por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, como lo denunció un grupo de científicos de la universidad estatal.
A finales de ese mismo año, familiares de Oliver Wenceslao, otra víctima de la violencia en la zona oriente de Morelos, ganaron la batalla legal para recuperar los restos de su ser querido, sepultado en esas fosas a pesar de estar plenamente reconocido.
Durante la diligencia, la familia de Oliver se percató de la cantidad de cuerpos que fueron inhumados en el camposanto y lo grabó. Luego se supo que el lugar carecía de permiso municipal para operar como panteón.
A la vuelta de un año, a finales de 2015, el caso fue denunciado ante medios de comunicación acompañado del video donde se observa la forma en que maquinaria pesada, conocida como “mano de chango”, extrae sin ningún cuidado los cuerpos. La denuncia se volvió viral y el gobierno del estado atendió el caso.
El día que la familia de Oliver Wenceslao denunció el caso desde las fosas de Tetelcingo, Javier Pérez Durón tomó protesta como fiscal general del estado.
La presión de colectivos de víctimas, familiares, diversas organizaciones civiles así como la cobertura internacional del caso motivó la intervención de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía estatal y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuyo rector Alejandro Vera, acogió la causa.
Las cuatro instituciones realizaron pruebas genéticas a los 116 cuerpos recuperados de esa diligencia y después los llevaron a gavetas hechas exprofeso en el panteón Jardines del Recuerdo, en Cuautla, un modelo de panteón ministerial replicado a nivel nacional.
Los resultados de las pruebas genéticas dieron positivo con ocho denuncias de desaparecidos, cuyos cuerpos fueron entregados a sus deudos. La familia de Miguel Ángel solicitó la colaboración de la Fiscalía morelense que derivó en el resultado positivo.
Miguel Ángel regresó a tierras poblanas en medio de un hermetismo por parte de la familia, temerosa de alguna represalia del grupo criminal que lo privó de la libertad y de la vida.