Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 29 de enero.- El ex secretario de gobierno Jorge Messeguer y el fiscal morelense Rodrigo Dorantes Salgado, violaron la presunción de inocencia del legislador local del PT Alfonso Miranda Gallegos, al haberse vulnerado su honra y dignidad por haber hecho expresiones no probadas en su contra, así lo consideró la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) al emitir una recomendación al gobernador Graco Ramírez.
La CDHEM informó que el 12 de febrero del año pasado el polémico legislador Alfonso Miranda Gallegos formulo una queja contra el entonces secretario de gobierno Jorge Messeguer, el Fiscal General Rodrigo Dorantes Salgado, y el edil de Amacuzac Noe Reynoso tras argumentar violaciones al debido proceso.
Miranda Gallegos, es señalado en un informe de la Secretaria de Gobernación, analizado en el Grupo Interinstitucional Morelos – autoridades estatales y federales- de haber recibido financiamiento de los narcotraficantes hermanos Beltrán Leyva, atreves de su sobrino Santiago Mazari Miranda, actual líder de la organización criminal Los Rojos, incluido como el más buscado en Morelos de una larga lista de criminales.
El diputado también ha sido acusado – cartulinas abandonadas en cadáveres- de estar implicado en el cartel de Los Rojos, liderado por su sobrino.
La recomendación de la CDHEM considera que si bien existen diversas carpetas de investigación contra el legislador por presuntos hechos ilícitos, pero no se ha probado su culpabilidad ante los tribunales: “debe garantizarse su derecho a la presunción de inocencia, tal como establece la fracción I del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, cita la recomendación.
Además recomienda:” ejercer de manera responsable los derechos de libre expresión y a la información, sin lesionar el honor, el decoro, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación del hoy quejoso”.
Pide realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas, utilizando todos los medios legales disponibles que permitan el esclarecimiento de los hechos imputados al legislador. “una vez agotadas las investigaciones por parte de esta Institución (Fiscalía General ) de no acreditarse la responsabilidad del impetrante, brinde una disculpa pública por la transgresión de su derecho a la honra y la dignidad”, concluye el organismo defensor.
En respuesta, Rodrigo Dorantes Salgado, dijo que aceptaran parcialmente la recomendación pues no se violaron los derechos al diputado, menos pedirán una disculpa pública.
El legislador es imputado de delitos menores como ultrajes a la autoridad y amenazas cometidos en contra de elementos de la policía ministerial que lo intentaron detener cuando uno de sus trabajadores circulaba en un camión que transportaba abono. El camión presuntamente no tenía documentos por lo que ministeriales detendrían al chofer, junto con la unidad. Sin embargo, el legislador lo habría impedido amenazando a los servidores públicos, se acusa en la carpeta de investigación.