Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 15 de octubre.- Visitadores marcharon para exigir al Poder Legislativo una ampliación presupuestal pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), es la más pobre en presupuesto del país lo que pone en riesgo su operación.
Encabezados por Lucero Benitez, presidenta de la CDHEM, los trabajadores del organismo primero se reunieron con funcionarios del gobierno del estado a quienes expusieron su situación crítica para más tarde trasladarse caminado a la sede legislativa.
Los funcionarios mostraban cartulinas con mensajes escritos exponiendo la necesidad de contar con más presupuesto para defender a los ciudadanos que han sido violentados sus derechos humanos.
Ya en el Congreso Local, Lucero Benitez afirmó que la institución ya no puede cumplir con las expectativas que demanda la sociedad al no haber recursos para movilizar al personal a las zonas donde mayor número de denuncias por violaciones a las garantías.
A eso se suma, dijo, la falta de recursos para pagar los diversos inmuebles que ocupan, lo que derivará en el cierre de una visitaduria regional, no habrá capacitación y habrá un recorte de personal lo que dificultará más atender los 33 municipios de la entidad, sobre todo, cuando las quejas se han incrementado contra la Policía de Mando Único.
El grupo de trabajadores se entrevistó con legisladores a quienes expusieron que desde hace cuatro años sus sueldos no han sido incrementados a pesar de trabajar los 365 días del año. La ombudsman pidió a los legisladores analizar el presupuesto que se asignará el próximo año pues Morelos ocupa el primer lugar nacional con el presupuesto más pequeño.
Acusó de incongruente al gobierno del estado quien promueve una sociedad de derechos pero por otro lado relega el trabajo del organismo defensor de las garantías al grado de organizar un foro internacional de derechos humanos, donde gastó la mitad de los 14 millones de pesos que le tocaron este año a la CDHEM.
Acusó que mientras la CDHEM no cuenta con instalaciones propias, el gobierno pagó para instalar una fundación internacional pro-derechos humano (Baltazar Garzón) en Cuernavaca.
La situación económica precaria ha evitado la apertura de la visitaduria Ambiental, en tanto que el trabajo para el resto de las visitaduría se incrementó por lo que demandaron a los legisladores sensibilidad para darles un incremento presupuestal de 30% lo que significan 20 millones de pesos, 5 millones y medio más que lo ejercido este año.