Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 15 de enero.- El secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, afirmó que los diputados pidieron 30 millones de pesos cada uno para presuntamente invertirlos en obra pública a cambio de aprobar el presupuesto al Ejecutivo estatal. Villarreal aseguró que ante el elevado monto de 600 millones de pesos «era prácticamente inoperante» cumplir con la petición de los diputados.
El secretario de Hacienda no aseguró ni descartó que esa fuera la causa por la que 15 de los 20 diputados rechazaran la propuesta presupuestal enviado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pero subrayó que el Paquete Económico aprobado por la mayoría legislativa aumenta 100 millones de pesos el presupuesto del Congreso de Morelos al pasar de 418 millones a 528 millones de pesos.
También subrayó que la mayoría en el Congreso de Morelos asignó 10 millones para una fundación cuya causa y destino de los recursos se desconoce, así como un fondo de 300 millones para obra pública que operará el Legislativo pero se desconocern las formas.
Villarreal Gasca señaló que la tercera parte del fondo para obra pública fueron asignadas solo al distrito III, correspondiente a los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Tlalnepantla, Totolapan y Tlayacapan que representa el diputado José Casas, uno de los principales detractores al Paquete Económico que envió el Ejecutivo.
Además detalló que de los 37 municipios que son en la actualidad en la entidad, a pesar de las controversias en dos de ellos de extracción indígena, sólo en 18 se asignaron recursos pero la distribución fue inequitativa ya que para el municipio de Jojutla, que resultó el más afectado por el sismo de 2017, sólo se asignaron 2 millones de pesos.
El secretario de Hacienda afirmó que no estuvo conforme con las peticiones en torno a suprimir el tema del reemplacamiento, que se aplica cada tres años, además porque es una disposición en materia de seguridad, señaló.
También aludió al tema de la autorización que debe pedir el Ejecutivo para reetiquetar recursos así como para la venta de bienes, sobre lo que dijo «si en tres meses no se han puesto de acuerdo en tantos temas, ya veo las discusiones para aprobarnos o no cambios en el presupuesto, lo volverá completamente inoperante».
Sobre la discusión del cauce legal de la propuesta aprobada, el Consejero Jurídico Samuel Sotelo Salgado, especificó que tienen hasta el 24 de enero próximo para enviar las observaciones pero lamentó que las declaraciones de la presidente de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, sean en el sentido de ignorar toda propuesta del Ejecutivo. El Consejero se reservó comentar si el gobierno recurrirá a la controversia constitucional del dictamen tal como lo propuso la presidente de la Comisión de Hacienda, Rosalina Mazarí Espín.