Redacción SL
Cuernavaca, Mor., 4 de noviembre.- El alcalde electo de esta ciudad, José Luis Urióstegui Salgado señaló que con base a la información que reciba del proceso de entrega-recepción sobre el gasto corriente y las aportaciones federales para inversión pública determinará si es necesario solicitar un crédito, como lo propuso la diputada local Ariadna Barrera Vázquez.
Dijo que a veces es necesario acudir al endeudamiento pero la administración también se podría ajustar a los recursos existentes con un organigrama de todas las áreas del ayuntamiento porque Cuernavaca arrastra deudas desde el 2010 que se liquidarán hasta el 2025.
El presidente municipal entrante sostuvo que es necesario hacer una revisión de todas las áreas para conocer el costo que representa cada una, analizar si hay duplicidad de funciones para poder eliminar plazas y generar ahorros que se canalicen a la inversión pública.
Después de un recorrido en las instalaciones del ayuntamiento señaló que se estudiará la posibilidad de obtener créditos blandos con cantidades que se puedan liquidar en el periodo que comprende la administración y no dejarlos a la siguiente gestión, pero para esto se deben tomar en cuenta algunos factores, como la eficiencia en la recaudación.
Ayer la diputada Ariadna Barrera Vázquez presentó iniciativa para que se autorice a los 36 Ayuntamientos de la entidad a contratar, en 2022, financiamientos hasta por el 25 por ciento de sus participaciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal y que sean pagados en la misma administración que los solicite.
Señaló que ante la escasez de recursos que impera en todo el territorio nacional y al constituirse en una herramienta de financiamiento municipal, es una excelente opción utilizar la posibilidad de afectar las aportaciones federales para garantizar obligaciones o servir como fuente de pago de obligaciones.
Cada contrato –abundó- deberá precisar el plazo máximo en días y la fecha específica de vencimiento del financiamiento, el cual podrán negociar los municipios con la institución de crédito integrante del sistema financiero nacional mexicano, los términos y condiciones del o los financiamientos que cada uno decida contratar, con excepción de la tasa fija.