Asesinatos y agresiones a reporteras, el costo de su profesión

De la Redacción

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de agosto (Apro).- La reportera Marlén Valdez, del semanario La Última Palabra, fue asesinada con un arma blanca en su domicilio ubicado en el municipio Benito Juárez, informó Jesús Herrera Rábago, director del medio.

Alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, la periodista de 20 años se disponía a ingresar a su domicilio cuando observó a una mujer que era perseguida por un joven armado con un cuchillo. Al ver la puerta abierta, la acosada ingresó al domicilio de la periodista y hasta allá la siguió el agresor quien  atacó a las dos mujeres con la navaja. La reportera murió en el trayecto al hospital y la otra joven, de 19 años, sobrevivió a las lesiones. El asesino fue capturado y al parecer se encontraba bajo el influjo de estupefacientes.

La Red de Periodistas del Noreste condenó en un comunicado “el cobarde asesinato de Marlén Valdez”, y exigió a las autoridades estatales esclarecer ese crimen y llevar a la justicia al o los ejecutores, tanto materiales como intelectuales. Las versiones oficiales del asesinato son imprecisas y contradictorias, advierte la Red: señalan que un testigo observó a un presunto ladrón persiguiendo a una joven. “Valdez fue herida en su domicilio, en un intento de robo, y posteriormente falleció en el hospital donde fue trasladada”.

Otra versión que circula entre amigos de la comunicadora es que un “efectivo policiaco la secuestró y fue quien la asesinó con un arma blanca”. Incluso, el vocero de Seguridad estatal mencionó que ya fueron detenidas varias personas como parte de las investigaciones por el homicidio de la periodista.

 

Agresiones a peridistas en Oaxaca

Organizaciones y mujeres periodistas condenaron enérgicamente los hechos delictivos cometidos en contra de Carina García Sosa, corresponsal de MVS Radio; Jazmín Gómez Ortega, presidenta del Grupo Prensa Oaxaca (GPO), y Saraí Jiménez, reportera de ADN Sureste, quienes fueron asaltadas y despojadas de sus herramientas de trabajo, en diferentes acciones.

Es por ello que Periodistas de a Pie, GPO, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Red Nacional de Periodistas (RNP) y Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) emitieron un pronunciamiento donde exigen al gobernador Gabino Cué y al secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas, garantías para que las y los comunicadores puedan desempeñar el ejercicio periodístico en esta entidad.

En menos de 12 horas, Carina García, corresponsal de MVS Radio, y Jazmín Gómez, de GPO, fueron asaltadas. “Ahí está la fotografía de uno de los presuntos asaltantes que tomó una periodista aun a costa de su vida, ahora sólo esperamos que actúen las corporaciones de seguridad; de lo contrario, se reafirmará que hay complacencia o hasta complicidad de los cuerpos policiales con la delincuencia”, puntualizaron.

La noche del 19 de agosto, Carina García fue golpeada y asaltada en el municipio de Santa Lucía del Camino cuando se dirigía a su domicilio. La reportera fue interceptada por tres mujeres que la golpearon antes de despojarla de su bolsa, la cual contenía sus herramientas de trabajo. García Sosa había estado documentando la serie de movilizaciones realizadas por la sección 22, entre éstas los destrozos a las instalaciones de la sección 59 del SNTE realizadas unas horas antes de ser asaltada.

La mañana del pasado miércoles, la presidenta de GPO, Jazmín Gómez, fue despojada de su teléfono celular cuando viajaba en un autobús del servicio urbano. Ella también ha documentado las movilizaciones magisteriales. El pasado 31 de julio, la periodista Saraí Jiménez, reportera del portal Agencia de Noticias del Sureste (ADN), fue asaltada y despojada de su celular.

Es por ello que apelaron a que el gobierno de Cué implemente la recomendación que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo en su informe anual 2013, donde exhortó a los Estados a: “Adoptar medidas específicas, adecuadas y efectivas para prevenir los ataques y otras formas de violencia perpetrados contra mujeres periodistas y para enjuiciar y castigar a sus responsables. El Estado debe adoptar medidas eficaces para promover la denuncia de la violencia contra mujeres periodistas y para luchar contra la impunidad que caracteriza a estos crímenes”.

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