Por Oswald Alonso

CUERNAVACA, Mor., 20 de mayo.- Familiares de Yeny Sánchez, tesorera asesinada en Tlalnepantla, confirmaron  que el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, y el fiscal General, Rodrigo Dorantes, fueron informados con oportunidad de las amenazas de muerte en su contra por no pagar dos millones de pesos a criminales.

Este lunes, los familiares  de Yeny se reunieron en asamblea con representantes de dos Barrios del municipio en la explanada de la cabecera municipal. Ahí Fredy, hermano de Yeny, informó que su hermana había sido víctima de extorsión por lo que presentó una denuncia.

Narró que el 26 de marzo, los criminales le llamaron por teléfono para exigirle un pago de dos millones de pesos por no hacer daño a su familia, por lo que fue presentada una denuncia ante el ministerio público, más aun, hicieron del conocimiento de los hechos al propio Jorge Messeguer, pero nadie hizo algo para evitar le hicieran daño, denunció Fredy mostrando copias de la denuncia.

La hipótesis del hermano de la tesorera es que los criminales concretaron su amenaza al simular un asalto para asesinarla mientras se encontraba en su oficina, en la presidencia municipal.

Y expresó sus sospecha hacía el edil perredista Fausto Rubio Pillado, con quien su hermana tenía serios conflictos por haber emitido cheques en el mes de marzo por un monto que de 700 mil pesos, cuyos recursos públicos se negaba a comprobar fiscalmente.

Los regidores de Tlalnepantla, dijeron  que el edil se había comprometido en la próxima sesión de cabildo a justificar el uso de los 700 mil pesos; la tesorera entregaría un informe bancario de quién y cuándo se cobraron los cheques.

El secretario de Gobierno aceptó este martes que sabían de las amenazas contra la joven tesorera pero fue «atípico que el día de su asesinato los policías fueron desarmados, y las armas no tenían balas.

“Quien ordenó eso es parte de la investigación que se va a hacer, porque evidentemente son órdenes que nos llevan a pensar muchas y a suponer muchas cosas”, dijo el funcionario.

Precisamente la  Fiscalía General difundió que desde el pasado cuatro de abril inició una carpeta de investigación porque la víctima recibió llamadas entre el uno y dos de abril, quienes le pedían dos millones de pesos. Pero también reveló que el 26 de marzo la víctima “había sido privada de su libertad por un grupo de sujetos que le exigió dinero para liberarla”.

Para justificar su lentitud en la integración de la carpeta de investigación, acusó que la tesorera “no se presentó a declarar” para proporcionar mayor información respecto de la extorsión de que había sido objeto. El secretario Messeguer afirmó que el edil del PRD es investigado.

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