Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 21 de agosto.- Las detenciones de los presuntos líderes de grupos criminales no ha significado una disminución en casos de secuestro ni extorsión, en todo caso son nuevos grupos los que cometen esos delitos, declaró la fiscal especializada Adriana Pineda Fernández.
Previo a su intervención en el foro Estrategias de Seguridad con Enfoque a la Prevención, la fiscal antisecuestros explicó que la detención del líder de “Los rojos” Santiago Mazarí Hernández “El Carrete”, que opera desde hace más de una década en la zona sur de Morelos, o de Raymundo Isidoro Castro Salgado «El Ray», redujo la incidencia de delitos como el homicidio, robo de vehículos o contra la salud pero no en su ramo.
No hemos tenido, como en años anteriores, la vinculación de presuntos delincuentes con bandas del crimen organizado, si tienen o no la pertenencia a estos grupos, señaló, desde luego que la detención de los líderes de la región sur y Oriente inciden en la dinámica delictiva de la entidad pero no en la cuestión del secuestro, no tenemos detectada la vinculación en los últimos dos años, reiteró.
Recordó sobre el caso de la criminal “Virginia”, detenida el año pasado en en Tijuana, Baja California, imputada por el delito de secuestro con células que operaban en la entidad morelense, específicamente con Los Rojos.
Esto a pesar de que el pasado 1 de agosto se efectuó la detención de “El Carrete” en territorio guerrerense, y fue imputado por el delito de secuestro agravado y delincuencia organizada.
Secuestros a la alza
En materia de secuestros Pineda Díaz detalló que este año se han registrado 35 carpetas de investigación lo que significa un aumento en relación con los casos denunciados en 2018, pero que no han alcanzado los “picos” del periodo comprendido entre 2013-2015.
En el tema de protocolo de atención a casos de víctimas de secuestro argumentó que debe atender la solicitud de las familias respecto a una acción operativa, porque implica un riesgo para la víctima.
Expuso que alrededor del 50% de los casos se resolvieron en acciones tácticas de rescate; 40% en negociación para generar la circunstancia de pago y el otro 10% en algunos casos con o sin pago donde la víctima perdió la vida.