Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 16 de enero.- La Fiscalía General del Estado carece de personal capacitado que pueda hacer un peritaje en materia de antropología, por lo que pidió apoyo a su homóloga de la Ciudad de México, señaló el abogado defensor de Oscar “N”, imputado del asesinato de un joven al interior del bar Ático, en septiembre pasado.
Said Basave Gómez fue nombrado por el presunto homicida como su abogado defensor, por lo que el litigante solicitó una ampliación de tiempo, cuatro meses, para conocer la carpeta y la conclusión de las averiguaciones, pero la juez de la causa sólo concedió uno.
En tanto la Fiscalía pidió también una extensión de tiempo para obtener el peritaje antropológico en el que se haga un comparativo entre el imputado y las imágenes que la Comisión Estatal de Seguridad exhibió del asesinato de Alfredo Israel “N”, de 23 años, quien el pasado 29 de septiembre, recibió un disparo en su intento por proteger a una mujer violentada presuntamente por Oscar “N” al interior del bar, lo que fue captado por una cámara de videovigilancia del establecimiento.
El abogado defensor lamentó la violación a los derechos humanos de su cliente al ser expuesto por el comisionado de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra, y el fiscal general Javier Pérez Durón, el pasado 10 de noviembre en la Ciudad de México, con los logotipos de la Procuraduría General de la República, así como a un elemento armado de esta corporación que custodió al detenido. En ese video ambos funcionarios también agradecen a la Interpol por su intervención y lo relacionaron con un grupo delictivo dedicado al trasiego de drogas.
El caso lo mediatizó el Gobierno del Estado, ahondó Basabe Gómez, y lo expuso como el homicida sin un juicio de por medio, lo que constituyó una violación de sus derechos humanos por parte de ambos funcionarios, pero especialmente de la Comisión de Seguridad, que no abandona sus viejas prácticas, acusó.
Asimismo adelantó que su cliente esté muy consciente de la situación legal por la que atraviesa, incluso expresó que no está cerrado a un juicio abreviado, sin embargo consideró que la reparación de daño que exige el abogado de la víctima, por 5 millones de pesos, “no es un asunto de justicia sino de mercantilismo”, acotó.
Exhibe abogado de víctima ignorancia de Ayuntamiento
El abogado de la víctima, Enrique Paredes Sotelo, quien fue secretario general del ayuntamiento durante la administración pasada, declaró que será el próximo 15 de marzo cuando se celebre una audiencia intermedia en la que la defensa podrá optar por un juicio abreviado en caso de que el imputado se declare culpable o por el inicio del juicio oral en caso contrario.
También adujo que serán coadyuvantes de la Fiscalía en el momento en que se formalice la acusación.
El abogado presentó además una petición formal para que el bar, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Cuernavaca, sea clausurado por permitir el ingreso de personas armadas.
Paredes Sotelo habló de la magra actuación del ayuntamiento que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo en torno a este tema, y expuso la ignorancia con la que se conducen las autoridades municipales.
Dijo que la queja la presentó en el mes de octubre y será a finales de este mes que la comuna deba pronunciarse sobre ello, pero “se hacen bolas en el ayuntamiento. Por una parte la Secretaría de Desarrollo Económico adujo que no es de su competencia iniciar el trámite de revocación de licencia, en tanto la Comisión que regula la venta de bebidas alcohólicas tampoco quiere hacerse responsable”, acusó.
Para despejar sus dudas, comentó irónico, la Secretaría de Desarrollo Económico es la instancia que debe llevar el procedimiento de revocación, respetando la garantía de legalidad de la empresa, que puede y debe ofrecer pruebas, posterior a ello la Secretaría presenta un proyecto de resolución a la Comisión en sentido favorable o negativo y la Comisión debe votarlo.
El litigante adelantó que en caso de se venza el plazo y no trámite a la queja, como hasta ahora, el Tribunal Contencioso Administrativo obligará al ayuntamiento a iniciarlo
“La ignorancia de las autoridades municipales permite que estos lugares operen con total impunidad”, acusó. Hay establecimientos que han sido merecedores de tres o más clausuras por la venta indiscriminada de alcohol a menores de edad, ejemplificó, pero el ayuntamiento no inicia el trámite de revocación de licencias a pesar de ser de su competencia, por lo que fomenta la impunidad, finalizó.