Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 7 de diciembre.- El abogado defensor del edil Cuauhtémoc Blanco Bravo, Cipriano Sotelo, declaró en rueda de prensa que ante la intentona del Congreso local de apostar por la revocación de mandato de su defendido, inició el proceso de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la semana pasada.
Además, el litigante reveló que el Cuauh interpuso un juicio de amparo indirecto “como ciudadano Blanco tiene un derecho que le dio la sociedad; que si cumplió o no los requisitos eso no está a discusión, él llegó al cargo por votación mayoritaria y el Congreso local no tiene facultad para que él, como ciudadano, sea despojado de un triunfo en las urnas”, abundó.
Detalló que previo al proceso de revocación de mandato en contra del Cuauh hubo dos antecedentes que dejaron en claro que el Congreso iba directo a una destitución, el primero fue el exhorto emitido hace un mes para que dejara el cargo y atendiera su situación jurídica personal con los hermanos Julio (diputado local) y Roberto Yáñez (exsecretario de la comuna capitalina).
El segundo fue por una denuncia penal en su contra por peculado “lo que dejó en claro una tercera vía, ésta se dio luego de la solicitud de los regidores de Cuernavaca del PSD (que acogió al Cuauh para el cargo que ahora ostenta) para destituirlo, solicitud a la que 17 de los congresistas le dieron trámite”, lamentó.
Ante la parcialidad del caso, que se llevó hasta la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, fue que Cipriano Sotelo “ganó” tiempo al iniciar el trámite de la controversia constitucional ante la Corte, instancia que, aseguró, ayer a las 11:00 horas le notificó fue admitida para que sea el pleno del máximo órgano el que determine el fallo, proceso que según su experiencia en casos anteriores puede llevar hasta dos años, lapso en el que el Cuauh terminará su gestión como alcalde de Cuernavaca.
“Sabíamos la celeridad con que se resolvería cada proceso; el Congreso nos notificó ayer a las 14:30 horas para que acudiéramos a comparecer una hora y media más tarde, lo que prácticamente imposibilitaba una adecuada defensa”, señaló, por lo cual, y con la controversia constitucional 214/2016 en mano concedida por el magistrado Alberto Pérez Dayán, aconsejó a su defendido a no presentarse.
Con esta suspensión, los diputados pueden seguir el trámite que es emitir el dictamen a favor o en contra en la comisión de Gobernación, de seguir el proceso de revocación, turnarlo al pleno para su votación para ser desechada o aprobada en cuyo caso no puede ser ejecutada tal acción, ya que así lo mandató la Corte. De hacerlo, los legisladores enfrentarán un proceso penal.
Para el abogado, la decisión del Congreso y la solicitud de revocación es ilegal por contravenir las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aunque, estimó “los legisladores no se extralimitaron en sus facultades, les hizo falta tomar decisiones con certeza jurídica para evitar reveses jurídicos”, sostuvo de manera cortés.
Pero refirió que el Congreso no tiene facultades para destituir al presidente municipal, y en los casos señalados por los legisladores de sobre los requisitos de elegibilidad o inegibilidad, le corresponde a los tribunales electorales como lo señala la Constitución nacional en el artículo 99, “los requisitos de inegibilidad de un candidato o de inconformidad le corresponden a los tribunales electorales”.
También hizo referencia al 115, fracción primera, párrafo tercero en el que sí faculta a las legislaturas de los estados a la revocación del cargo del edil por causa grave, “y en la Constitución de Morelos no las hay; lo que causa incertidumbre jurídica y los legisladores no pueden hacer aquellos que no les está permitido”, aclaró.
Finalmente, Cipriano Sotelo dijo que si el fallo de la Corte es en contra, la destitución del Cuauh será de forma automática, en caso de que les beneficie, se nulifica todo lo hecho por el Congreso local.