Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 14 de diciembre.- El diputado panista Carlos Alaníz aseguró que no tienen prisa por quitar al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero espera que la suspensión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sufra un revés y así puedan separarlo del cargo.

El lunes pasado el constitucionalista Raúl Camilo Carrancá ratificó ante el Legislativo la solicitud de juicio político contra Blanco Bravo por no cumplir los requisitos de elegibilidad para ser edil de Cuernavaca, no transparentar las donaciones para reencarpetamiento, por ausentarse de sus funciones y no residir en esta ciudad sino en la capital del país.

“En la Junta Política y de Gobierno le dimos entrada a esta solicitud porque cumple los requisitos de procedibilidad. No lo vemos como revanchismo político, no es un capricho de los diputados, esta solicitud la hizo un ciudadano reconocido a nivel nacional. No nos urge quitar a alguien sino que las cosas se hagan bien”, señaló Alaníz.

Ayer durante la lectura de correspondencia al final de la sesión ordinaria en el Congreso local, dieron cuenta de que la síndico de Cuernavaca, Denisse Arizmendi Villegas, hizo un desistimiento de la controversia constitucional que promovió el presidente municipal, bajo el argumento de que ésta fue ilegal al no estar firmada por ella, a lo que presuntamente se rehusó, así como la violación a los sellos de su área usados para tal fin.

Sobre el tema, expresó, “esperamos que con esto se deseche la suspensión para quitar al alcalde”. Sin embargo, de manera legal, la síndico no puede desistirse de un procedimiento que no inició -motivo por el cual la Corte lo desechó-, comentó la regidora del PES, Grethel Strebel.

El argumento jurídico que debió iniciar en todo caso es el de reclamación por una presunta usurpación de funciones.

El caso contra el Cuauh está plagado de inconsistencias jurídicas desde su origen. A finales de noviembre, dos regidores del PSD solicitaron ante el congreso la revocación de mandato; unos días después, 16 legisladores “corrigieron el error” y presentaron la solicitud de revocación por motivos de ilegibilidad al no cumplir con el tiempo mínimo para contender a la alcaldía.

El Cuauh le dio revés al asunto al iniciar una controversia constitucional que le otorgó la Corte; los legisladores “arreciaron” y pidieron entonces la suspensión definitiva, pero de nueva cuenta el exfutbolista se adelantó y pidió ampliación de la suspensión por este motivo la cual también se le concedió.

A la par de los procesos, los legisladores intentaron notificar al edil para una comparecencia ante el Congreso de una manera “poco ortodoxa”. Primero, sólo pegaron el citatorio en la puerta de la comuna, cuando las instalaciones estaban vacías, luego, dejaron el citatorio en el área jurídica sin que la persona se identificara, la tercera ocasión la secretaria técnica de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado –instancia que aprueba los dictámenes para su votación ante el pleno-,   Naibyd María del Carmen Cruz Torres, se hizo acompañar por varios elementos del Mando Único para enterar al edil de que sería notificado del citatorio para su comparecencia…

Además, el vocero de la Comisión de Gobernación, el perredista Edwin Brito Brito, estimó que el Cuauh “no tiene ganas de darse por enterado ya que el tema para su comparecencia ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación”, lo cual carece de legalidad al no ser la vía oficial para enterar al munícipe.