De la Redacción
PUEBLA, Pue., 28 de mayo.- (apro).- Con tanquetas, elementos del Ejército y policías estatales custodian desde ayer la entrada de maquinaria y de personal de las empresas extranjeras que tienen a su cargo la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM) en las comunidades de San Juan Amecac, San Marcos, San Bartolo, Cohuecan y Acteopan.
El Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra (FPDAT) informó a través de un comunicado, del arribo de seis tanquetas del Ejército y patrullas de la policía estatal, las cuales escoltaron la llegada de maquinaria de las empresas españolas Elecnor y Enegás y de la italiana Bonatti, pese a la oposición de las comunidades de la región del Volcán Popocatépetl.
“Responsabilizamos a Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, a Graco Ramírez, gobernador de Morelos y a Enrique Peña Nieto, por las violaciones a derechos humanos que se están perpetrando desde hace dos años en las comunidades en resistencia al PIM, y por los hechos que pudieran ocurrir en días siguientes ante la presencia de las fuerzas armadas.
“Las comunidades no han otorgado por permisos ni los entregarán, por ello el gobierno no ha visto más salida que la represión e imposición del PIM (Proyecto Integral Morelos) en nuestros pueblos”, advirtió el FPDAT.
“Las comunidades queremos decir nuestras razones, queremos dialogar, y ellos (las autoridades) han escogido mandar al Ejército, callarnos con sus tácticas de miedo, con su hostigamiento”.
El Frente advierte que no se rendirá, ni dará marcha atrás, y que mantendrán su lucha en defensa de la vida, la tierra y el agua. Además reprueban que los gobiernos federal, estatal y municipal pretendan imponer, por medio de la fuerza, un proyecto que amenaza no sólo la forma de vida de los pueblos, sino que expone a los habitantes de esas comunidades a la muerte al ubicarse en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl.
El comunicado hace referencia también a la anterior acción represiva gubernamental para desarticular la oposición al gasoducto, que fue la detención de la comisariada ejidal, Enedina Rosas, del activista Juan Carlos Flores y del dirigente campesino, Abraham Cordero.