Por la redacción

Cuernavaca, Mor., 19 de noviembre.- El constitucionalista Tomás Osorio Avilés dijo que dos causales por las que podría proceder un juicio político contra el gobernador Graco Ramírez, serían por omisión en el cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 70 de la Constitución del estado y por violación a los derechos humanos.

El maestro en Derecho Constitucional explicó que el artículo 70, fracción XX, impone al gobernador en turno la obligación de velar por la seguridad interior y exterior de los morelenses.

“A mi juicio esta situación no se ha cumplido por la inseguridad que vivimos diariamente los morelenses, lo que nos está llevando lamentablemente a la ingobernabilidad en razón de que la delincuencia ha rebasado a los sistemas de seguridad del Estado, incluido el Mando Único”, citó el especialista.

También expuso que el artículo 102 inciso B de la Constitución General, refiere que los gobiernos federal, de los estados y municipios tienen la obligación de respetar, promover y hacer que se cumplan los derechos humanos, situación que en Morelos ha sido motivo de recomendaciones al gobierno estatal por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, las causales expuestas por el especialista en Derecho Constitucional no obran en la denuncia de juicio político que presentó la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC).

El constitucionalista precisó que si el tema en el juicio político es por presunto desvió de recursos, lo primero que debe ocurrir es que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos determine si hay desvío de recursos o enriquecimiento.

En su petición de juicio político, la CMMC señala al gobernador de desviar 1.8 millones de pesos correspondiente a un crédito de 2 mil 806 millones 348 mil pesos que autorizó la Legislatura pasada al gobernador para la ejecución de obra pública.

La denuncia señala que ese recurso se utilizó para el pago de deuda de administraciones pasadas, para cubrir salarios de personal del Instituto de Educación Básica y para la construcción del estadio Agustín «Coruco» Díaz, ubicado en Zacatepec. Pero además se omitieron enviar apoyos económicos a los 33 municipios del Estado, como lo ordenó el Congreso local en su acuerdo de aprobación del crédito.

Osorio Avilés fue el autor intelectual del juicio político que se formuló contra el exgobernador Jorge Carrillo Olea, en la década de los 90, y entre los firmantes figuraron el entonces activista Graco Ramírez y el panista Adrián Rivera, entonces diputado local.

Con esa experiencia, Tomás Osorio explicó que el gobernador ha sido omiso en materia de velar por los derechos humanos, por ejemplo, con la recomendación de la 20/2013 de la CNDH, cuyo organismo alude irregularidades cometidas en la investigación del homicidio de una menor de 17 años, atribuidas a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), hoy Fiscalía General del Estado.

Los hecho ocurrieron el 12 de diciembre de 2012, cuando la menor fue privada de la vida por su exnovio, en su casa ubicada en el municipio de Temixco, Morelos.

Las irregularidades en este caso propiciaron que el presunto responsables evadiera la justicia.

De acuerdo con Osorio Avilés, esta recomendación no se cumplió porque la CNDH instó capacitar a los agentes del Ministerio Público y de investigación para atender con prontitud la recomendación, pero no lo hicieron y por lo tanto ésta podría considerarse como causal de juicio político por violentar la Constitución Federal y estatal.

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