Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 24 de septiembre.- La delincuencia organizada hace uso de las solicitudes de acceso a la información para requerir datos específicos sobre las percepciones salariales de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), denunció el rector Alejandro Vera Jiménez, ello a pesar de que la titular del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mireya Artega dijo que los servidores públicos son sujetos obligados y por ende deben proporcionar la información solicitada.

Alejandro Vera habló sobre dos casos de trabajadoras de la zona sur, quienes recibieron llamadas de extorsión en las, adujo, “les pidieron derecho de piso e incluso les advirtieron que sabían cuánto ganaban”, por lo que el Consejo Universitario tomó la decisión de excluir los nombres en las nóminas publicadas en las páginas de transparencia.

La delincuencia organizada puede pedir la información que quiera escudada en el anonimato, reclamó Vera Jiménez, y nosotros estamos obligados a proporcionar esa información.

Mireya Arteaga expresó su solidaridad con la máxima casa de estudios, pero refirió que el acceso a la información es un principio máximo de transparencia, y en ningún caso obligan al solicitante a proporcionar identificación que acredite su persona o entidad, tampoco cuestionan los usos que se le dará a dicha información.

Lamentó que la UAEM sea blanco de amenazas y ataques, «pero como servidores estamos obligados a informar», por lo que aclaró que en caso de que la universidad se niegue a brindar los datos será acreedora a una amonestación, y si reincide, entonces el titular de la Unidad de Información será suspendido, pero acotó que la institución puede presentar sus recursos ante la federación y será ésta la que resuelva.

En ese sentido, Alejandro Vera declaró que ante las constantes amenazas y extorsiones, así como el asesinato del profesor jubilado, Sergio “N”, en Jojutla, ocurrido en abril de 2014, presentaron recursos legales y medidas cautelares para ambas trabajadoras.

“No estamos negados a proporcionar la información pero sí pedimos que por cuestiones de seguridad, quien requiera datos tan específicos se identifique a fin de que, si alguien resulta  víctima de algún delito se tenga por lo menos un indicador de quién puede estar detrás”, exigió el rector.