Documentan desapariciones forzadas en Morelos‏

Por Leticia Villaseñor

CUERNAVACA, Mor., 09 de julio.- Toda desaparición forzada o no, es responsabilidad del Estado ante la impunidad y desmemoria que prevalece en las fuerzas públicas, declaró el investigador Roberto González Villarreal, durante el foro Desaparición forzada en Morelos, Legislar para prevenir, investigar, sancionar y erradicar.

El autor del libro “La historia de la desaparición en México”, expuso que la desaparición en Morelos es una práctica permanente en todo el estado aunque se concentra en la parte conurbada, que opera sin patrones porque una persona puede ser desaparecida por cualquier motivo.

González Villarreal dijo que según datos del Registro Nacional, en Morelos se reconocen tres casos de personas desaparecidas, las tres son mujeres, dos de ellas de la capital morelense y la otra, una menor de edad, del municipio de Jiutepec. Estos casos son llevados por el Ministerio Público Federal.

Del fuero común hay otros 92 casos perpetrados en los últimos dos años que corresponden a 40 mujeres y 52 hombres. 16 desapariciones tienen registro en Cuernavaca,  nueve en Temixco, seis en Xochitepec, mientras que en Jiutepec, Emiliano Zapata y Puente de Ixtla registran tres casos cada uno; otros dos en Cuautla, Jojutla Tlaquiltenango; uno en Ayala, Tepoztlán, Ayala, Miacatlán y una más en Zacatepec.

“El poder juega con los dígitos, busca deshumanizarlos, no hay nombres, de ahí la importancia de que los familiares ayuden al censo para ponerles rostro”, puntualizó González Villarreal.

Por su parte José Martínez Cruz, presidente de la Comisión Independiente de Derecho Humanos (CIDH) Morelos, recordó que en marzo pasado presentaron una iniciativa de Ley de Desapariciones Forzadas al diputado Héctor Salazar Porcayo, cuya propuesta fue enviada a comisiones y hasta ahora no hay avances.

“Una ley por desaparición forzada da un marco más amplio en especial en aquellos casos que no pueden ser considerados como tal, pero que se beneficien de los mecanismos de búsqueda, de emisión de alertas, de declaración de ausencia”, resaltó el activista.

Angélica Rodríguez Monroy, de la recién conformada Comisión Ejecutiva de la Atención  y Reparación a Víctimas, declaró que a pesar de carecer de instalaciones ya han realizado reuniones de trabajo con las secretarias de Educación, Salud, Sedesol, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía, instancia con la que han  tenido ciertas desavenencias al ser desdeñados por su titular, Rodrigo Dorantes Salgado, quien en tres ocasiones, en este año, dejó plantados a los familiares de víctimas.

“Trazamos una ruta crítica para que los casos que lleguen a ésta u otras instancias, se sigan los protocolos hacia dónde van a mandar a la víctima y con quién, porque es un calvario y en ocasiones los familiares, que no somos investigadores, tenemos que efectuar un trabajo que no nos corresponde”, acusó.

La madre de la joven desaparecida Viridiana Morales, sostuvo que “falta mucha sensibilidad en la fiscalía y capacitación”, por lo que la comisión permanece a la espera de que Rodrigo Dorantes agenda la cita para abordar dicha problemática.

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