Por JUSTINO MIRANDA
CUERNAVACA, Mor.25 de agosto.- La separación del cargo del edil de Emiliano Zapata, Carlos Eduardo Martínez y la Tesorera, Liliana García, por desacato a una sentencia de amparo, debe pasar por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), instancia donde se originaron las denuncias contra las autoridades municipales.
Conforme con el abogado Cipriano Sotelo Salgado, especialista en la materia, el acuerdo de la SCJN debe ser notificado a los Juzgados federales donde se realizaron las injecuciones de sentencias y de ahí pasan los expedientes al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instancia donde iniciaron los juicios en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata.
Este Tribunal debe notificar al secretario general del Ayuntamiento para que convoque al suplente del edil y la nueva tesorera, designada por el alcalde suplente, y en sesión de cabildo tomen protesta de sus cargos.
El artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos cita que entre las causales para suspender de manera definitiva al munícipe se encuentra el quebranto de los principios jurídicos del régimen federal o de la Constitución Política del Estado de Morelos…y por omisión en el cumplimiento de sus funciones.
“Declarada la suspensión definitiva se procederá a sustituir al suspendido por el suplente respectivo y si éste faltare o estuviere imposibilitado, el Congreso, a proposición en terna del Ayuntamiento de que se trate, designará al sustituto”, señala la Ley Orgánica.
Antecedentes
La crisis financiera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, cuyo edil Carlos Eduardo Martínez y la tesorera Lilian García, fueron separados del cargo por orden de la SCJN por incumplir una sentencia constitucional, se acentuó en marzo pasado cuando el alcalde afirmó que a su llegada recibió una deuda de 90 millones de pesos.
De esa cantidad, declaró, lograron disminuirla a 50 millones y consideró que en el resto de su administración, que concluye en diciembre venidero, bajaría otros 10 millones para entregar una deuda de 40 millones de pesos.
En ese mes comenzaron las repercusiones de sus adeudos con distintos proveedores y la Segunda Sala del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) ordenó la destitución del cabildo, así como de la tesorera municipal, por incumplir con un pago a la empresa Caminos y Construcciones Sánchez S.A de C.V.
Su representante legal interpuso un amparo y el Juez Federal otorgó en un primer momento la suspensión provisional y posteriormente la definitiva, por lo que el cabildo continuó laborando.
Como medida inmediata el Ayuntamiento realizó un primer pago de 500 mil pesos para cumplir con el adeudo de 3 millones 807 mil 548 pesos, que tiene desde 2009 con la empresa de construcción.
En abril pasado el edil informó que el Ayuntamiento tenía más de mil demandas acumuladas por diversos proveedores, incluso dijo que tenía varias órdenes de destitución en su contra y embargos, pero confió en que el área jurídica de la comuna realizarías los convenios con los proveedores para evitar su separación del cargo.
Días después el alcalde Carlos Martínez precisó que por lo menos 40 millones de la deuda que arrastra el Ayuntamiento desde el trienio anterior, se deben a laudos con ex trabajadores, elementos policiales y distinto proveedores.
Pero una demanda de un particular sobre la devolución de 11 mil 740 pesos por concepto de impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, lo colocó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque incumplió con una sentencia de un juicio de amparo.
Pero no solo fue una inejecución de sentencia adjudicada al edil y la tesorera municipal sino 11 casos en los que fue omiso de cumplir con el mandato de los juzgados de Distrito, con sede en Cuernavaca.
Así la SCJN resolvió el incidente de inejecución de sentencia 62/2015, derivada de la resolución del juicio de amparo 1641/2014 presentado en el Juzgado Sexto de Distrito en Morelos, con residencia en Cuernavaca.
El acuerdo dicta la separación inmediata de Martínez Varela y García Ortega de sus cargos y determina que sean consignados ante el juez de Distrito en Morelos por el desacato a dicha sentencia, para que “sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida”.
Sólo en un juicio laboral, que data de 2008, el Ayuntamiento fue sentenciado a pagar 600 mil pesos, pero tampoco cumplió con el resolutivo del Juzgado federal correspondiente.