Por Uzziel Becerra
Un ejercicio gubernamental de consulta pública en Baja California para definir la continuidad del proyecto cervecero de Constellation Brands en Mexicali ha mandado señales de que en México no hay suficiente Estado de Derecho y tampoco interés en recibir inversión extranjera de la iniciativa privada a largo o mediano plazo. Lo anterior es preocupante ante el escenario económico adverso que enfrenta el país por la crisis sanitaria y la coyuntura internacional que apunta a la recesión. Este ha sido el peor mensaje económico en el peor momento posible.
El fin de semana pasado se llevó a cabo un ejercicio gubernamental de consulta a la población para definir la continuidad del proyecto de una planta cervecera en Mexicali, Baja California por la firma Constellation Brands, una cervecera transnacional dueña de la producción de productos Corona, Modelo, entre otros. Según informó la Secretaría de Gobernación, de los 36,781 votos registrados en las mesas instaladas para la “consulta”, organizada por el gobierno y no por la autoridad electoral local como lo dicta la ley, 27 mil 973 votos fueron en contra de la conclusión de la planta cervecera, es decir el 76.1 por ciento, mientras que el 23.2 por ciento, es decir, 8 mil 547 fueron votos favorables a la continuidad de la obra, misma que ya contaba aproximadamente con el 65% de avance en construcción e inversiones estimadas de 1,400 millones de dólares. Aunque el argumento principal contra la continuidad del proyecto es la garantía de agua potable para la población, la forma en la que fue detenido el proyecto manda un mensaje pernicioso para los inversionistas y empresarios, tanto extranjeros como nacionales.
Los ejercicios gubernamentales de consulta que ha organizado la administración de Morena han tenido como precedente la falta de garantía de legalidad e imparcialidad, como en el caso de la consulta para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la construcción del Tren Maya, entre otros, siendo ejercicios que se encuentran totalmente fuera del marco legal que los regula y alejados de los estándares mínimos de democracia. Todos los mecanismos de participación ciudadana y democracia directa, como el plebiscito, referéndum, presupuesto participativo, iniciativa ciudadana y consulta popular requieren cumplir procedimientos específicos, que establece la ley electoral local y las leyes generales respectivas, siendo organizados por las autoridades electorales para asegurar autonomía, independencia e imparcialidad. Al final estos ejercicios gubernamentales terminan siendo del gobierno para los fines del propio gobierno.
Sobre el caso de Baja California existe un antecedente aún más pernicioso: la ruptura del orden constitucional con la llamada “Ley Bonilla”. El gobernador de Morena, Jaime Bonilla, logró negociar con el Congreso Local una modificación, vía decreto legislativo, en la que ampliaban su mandato de 2 años a 5 años, violando la Constitución, pues según el artículo 105 constitucional en su fracción II, no podrá
haber reformas o modificaciones legales fundamentales durante los procesos electorales, sino por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Aunado a lo anterior, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó una resolución del Tribunal Electoral de Baja California al modificar la ampliación del mandato, sosteniendo que, en efecto, el periodo del próximo gobernador debería ser de 2 años. Por lo que existen antecedentes que evidencian las prácticas antidemocráticas del gobierno Bajacaliforniano en turno que se suman a las del propio gobierno federal.
Aunado a que el ejercicio de consulta es ilegal, su ejecución fue una manera de evadir el orden jurídico y las determinaciones de los órganos jurisdiccionales, como lo señaló el Dr. Arturo Espinosa Silis para Expansión Política. La consulta se intentó convocar por la vía legal y fue materia de importantes litigios ante los tribunales electorales locales y federales; fue señalada como improcedente por tratarse de actos administrativos que afectan la propiedad privada, dando el estatus de cosa juzgada a la consulta popular, por lo que el ejercicio gubernamental realizado el fin de semana pasado es, en palabras de Espinosa Silis “una forma de darle la vuelta a la ley y a la determinación del Poder Judicial”. De nueva cuenta, violando flagrantemente el orden constitucional de derecho.
Por su parte, López Obrador señaló que hubo influyentísimo y corrupción en el otorgamiento de permisos a Constellation Brands para construir la planta cervecera (sin mostrar evidencias de sus dichos), aunque se mostró flexible para buscar la reubicación de la planta cervecera, mandando un mensaje incongruente e insostenible, al tiempo de negar que la cancelación del proyecto afectara la llegada de inversión extranjera al país. Asimismo reconoció que desconocía si el gobierno federal tendría que pagar una indemnización a la firma norteamericana, aludiendo a que llevará a cabo una reunión con los representantes de la empresa y que hará la revisión sobre cómo se dieron los permisos, ante lo que la compañía cervecera reiteró en un comunicado que el proyecto cumple con todos los requisitos legales y manteniendo como prioridad el abastecimiento y disponibilidad del agua para la población local.
Resulta preocupante el desconocimiento del titular del Poder Ejecutivo en la materia, puesto que el nuevo T-MEC o Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá dispone instancias específicas para los conflictos de esta naturaleza, así como la existencia de competencia internacional para litigios contra el gobierno mexicano por la cancelación arbitraria e ilegal del proyecto. Sin embargo la Comisión Nacional de Agua tomará los resultados del ejercicio gubernamental de consulta como vinculantes, contra todo marco legal, y no otorgará los permisos para la operación y explotación de aguas en la planta cervecera. Diana Álvarez, Subsecretaria de Gobernación afirmó que “de inmediato el Gobierno Federal se va a poner en contacto con la empresa para buscar opciones para subsanar los daños”.
Debemos recordar que lo importante respecto a inversión extranjera y el otorgamiento de permisos para explotación de recursos naturales es la creación de empleos formales. Se preveía que Constellations Brands generara 32 mil empleos al concluir la planta cervecera, mientras que durante la etapa de construcción se crearon 4 mil empleos, y plantearon el compromiso de que habría 750 empleos permanentes para los ciudadanos de Mexicali. Esto es relevante en términos económicos pero también en términos sociales, pues la precarización del empleo es una constante en el país, y tener la certeza de que habría empleos formales favorece sin lugar a dudas a la ciudadanía. En cuanto a los compromisos de carácter ambiental, la firma estadounidense se comprometió a hacer uso responsable de la explotación de agua y garantizó la conservación del recurso hídrico como prioridad.
En el plano social, fue un estudio del Conacyt el que prendió las alarmas a la comunidad, pues reveló que existían diversas irregularidades en los dictámenes técnicos del proyecto e insuficiencias en los compromisos asumidos en papel, incluyendo la utilización del agua en diversos procesos de producción, limpieza, mediciones en cuanto a los metros cúbicos de agua utilizados al año y particularmente la falta de transparencia y de acceso a la información.
Asimismo se acusa la aprobación “fast track” del proyecto cervecero, presentado en 2017 durante la administración del exgobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, conocido como Kiko Vega, lo que generó la expectativa de ser un negocio con vicios, construyéndose una narrativa de corrupción, promovida también por Bonilla y el gobierno federal. Sin embargo, la irregularidad no es sinónimo de corrupción; cabía la posibilidad de corregir, regular y revisar antes de tomar una decisión como la cancelación del proyecto.
Mientras tanto, el valor accionario de Constellation Brands ya sufrió daños considerables tras la publicación de resultados del ejercicio gubernamental en Mexicali, cayendo 12.3 por ciento los títulos de la firma norteamericana según datos de Bloomberg. Tanto la Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial se pronunciaron a favor de respetar el imperio de la ley y proteger los panoramas de inversión en el país, aunado a la cuestionable participación que no alcanzó el umbral representativo necesario para considerarse vinculante.
Esto es así porque diversas estimaciones, como las realizadas por el periódico Wall Street journal, arrojaron que al ejercicio gubernamental de consulta acudieron menos del 5 por ciento de la población. En realidad el universo de votantes es de un poco más del 2 por ciento del padrón de electores de la zona. Aunado a la raquítica participación popular, se ha evidenciado que la ciudadanía fue flagrantemente inducida a votar por la opción de no continuidad incluso al momento de participar, y esto es así porque la autoridad electoral local no intervino en el ejercicio gubernamental de consulta, permitiendo toda clase de irregularidades al momento de la emisión de los votos.
En cuanto a lo económico, el argumento de que los desencuentros con la iniciativa privada se hacen en el peor momento se debe a que los indicadores macroeconómicos no han señalado crecimiento, ni el año pasado ni los inicios de este 2020. Antes de que el Covid-19 tocara territorio nacional, la economía nacional mostraba un comportamiento negativo en el primer trimestre, cayendo 0.7 por ciento la actividad económica de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi, esto es la contracción más grave para un inicio de año desde el 2009.
Las actividades secundarias, especialmente la industria manufacturera y la construcción mostraron una caída en la producción del 1.7 por ciento, así como la pérdida de dinamismo en actividades terciarias como el comercio y servicios, contrayéndose 0.2 por ciento, lo anterior conforme al Indicador Global de Actividad Económica.
La proyección económica para este año no es alentadora. Las expectativas indican una tendencia a la baja desde el 0.7 por ciento, según la OCDE mostrando optimismo; las calificadoras internacionales registran bajas de 0.4 JP Morgan, 0.1 Goldman Sash, 2.0 Barclays, o panoramas más severos como una contracción de 4.5 por ciento por el Bank Of America.
Expertos internacionales han señalado que los gobiernos que ya estiman tasas negativas deben eliminar el pago de impuestos a empresas y particulares en el periodo de crisis para evitar un aumento masivo del desempleo y un efecto dominó de quiebras, así como facilitar líneas de capital de trabajo con tasas cero para permitir a empleadores y trabajadores autónomos puedan sostenerse en los meses de contingencia.
El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Eduardo Contreras, ha señalado que la crisis de coronavirus causará el cierre de al menos 44 mil pequeños y medianos negocios en la CDMX. En cambio, El Presidente López Obrador se muestra inflexible y necio, dejando claro que no condonarán impuestos de ningún tipo, confiando en las políticas sociales que ha impulsado.
Ante este panorama el mensaje que manda el gobierno federal es desalentador para la iniciativa privada, tanto para el empresariado nacional como internacional, y para la inversión extranjera directa, puesto que no hay certeza de que, aun con contratos, concesiones y acuerdos consolidados, exista continuidad en proyectos de inversión a largo o mediano plazo. El mensaje se manda en el peor momento de todos, cuando en la comunidad internacional gobierna la incertidumbre y la perplejidad ante la crisis sanitaria y económica, la única seguridad es que la economía mundial no se recuperará pronto. En lo económico y político, las formas son importantes. No se puede pretender garantizar y defender derechos humanos si no se hace por la vía de la legalidad e institucionalidad. Si no hay seguridad jurídica ni certeza sobre las inversiones privadas en el país, el panorama de
crecimiento económico se vuelve cada vez más sombrío, y lastimosamente el principal afectado será, como de costumbre, el ciudadano, el trabajador.
*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Púbica Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos