El show del comisionado Capella en el C5‏

Por Oswald Alonso

Los costos, el impacto, o mal uso del  Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Coordinación (C5), utilizado por el gobernador Graco Ramírez como una herramienta para el combate al crimen organizado local, y no tan organizado, es un tema de debate público que necesariamente tiene que involucrar a otros dos temas centrales en el ejercicio de la administración pública: La transparencia  y la rendición de cuentas.

Es lógico y entendible que los ciudadanos, los legisladores, los empresarios, los periodistas y los políticos, nos preguntemos  a estas alturas de la administración perredista ¿qué está pasando en el C5? ¿Cumplen sus funciones? ¿Es mal utilizado por los responsables? sobre todo cuando esas instalaciones que se dice cuentan con tecnología de punta costaron  a los contribuyentes muchos millones de pesos, parece que unos  mil 200.

Todos estamos interesados en conocer detalles sobre sus operaciones, más cuando existe un debate sano sobre los resultados positivos o negativos que se tienen de la estrategia estatal contra el crimen, que tienen como eje sustancial al C5 porque además se trata, insisto, de un instrumento público del estado, construido con recursos de los contribuyentes; pensarlo diferente es un error legal y político, más aun cuando existen elementos que nos indican que el C5 es utilizado como un instrumento privado, del que no se quieren transparentar circunstancias generales ni particulares.

Hace pocos días sostuve una charla con algunos responsables de las áreas de prevención del delito de los municipios, la charla me dejó muy preocupado pero me dio indicios de que efectivamente en el C5 pasan hechos que se nos están ocultando, y son graves.

Este grupo de responsables de prevención de los 33 ayuntamientos, acudió a invitación al C5. Me cuentan que los primeros 15 minutos los recibieron con un video donde hablan del héroe que vino de Tijuana a salvar a los morelenses de la garra del crimen y la corrupción.

El video que les proyectaron habla de las grandes cualidades del abogado, ciudadano, empresario, luchador social; el que sacó a los civiles a las calles para demandar más seguridad cuando Tijiana era de los Arellano Félix.

La historia virtuosa del comisionado Jesús Alberto Capella Ibarra, duró 15 minutos. Un video más sobre la funcionalidad del C5 se les proyecto, este no fue tan largo, solo cinco minutos. Más tarde, hicieron un recorrido por las instalaciones.

Me han compartido, quienes estuvieron ahí  qué los responsables de la prevención de los municipios pusieron en tela de juicio la funcionalidad del sistema de video-vigilancia.

Por ejemplo, los de Cuautla y zona oriente  cuestionaron por qué la respuesta de los servicios del 066 y 089 son muy lentos. Los responsables aceptaron que la región oriente aún no ha sido conectada al C5.

También cuestionaron ¿cuántas cámaras están en funcionamiento en Cuautla? la respuesta tampoco fue nada favorable. Sólo están instaladas nueve cámaras en tres puntos de la ciudad, dos de ellos en Zócalo y Alameda.

Supondríamos que, al ser Cuautla una de las ciudades en el país donde mayor número de extorsiones y secuestros ocurren, se colocarían cientos de cámaras, ya que se trata de una ciudad que concentra una alta actividad económica de la región. Pero la realidad no es así.  Lo mismo ocurrió con otros municipios.

Este hecho nos da indicios de lo que verdaderamente pasa en la estrategia de seguridad y con el C5. Es cierto, numéricamente algunos delitos han bajado –difunde gobierno de Morelos que casi hasta un 90% los de alto impacto como secuestro y extorsión- pero en contrasentido los delitos de robo y violación crecen sin control en las colonias urbanas, donde los civiles hacen justicia por propia mano, como ha sido la costumbre en comunidades indígenas.

Otro mal ingrediente que tenemos que razonar son los argumentos absurdos, llenos de una falta de seriedad y responsabilidad, sin verdad, sin transparencia, sin justicia cuando vienen de un servidor público. Hablamos de la contestación que dio Capella Ibarra a la solicitud de diputados para transparentar cuántas cámaras se instalaron, los lugares y su funcionamiento.

 Contestó que antes de entregarles esa información tendrían que pasar exámenes de confianza.

Creo que, al tratarse de un asunto público, el comisionado no tendría que esperar a que representantes populares pidan esa información, él está obligado a transparentar esa información, al tratarse de políticas públicas y de un tema más que público el de la seguridad.

La utilización de mil 200mdp en una estrategia de seguridad, que consideró la construcción de un C5, es un tema de debate púbico, de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos, vengan de donde vengan. No pueden evadir lo que por ley están obligados.

 Imagine que usted, por medio de la Ley de Transparencia, solicita al comisionado información de sus actividades, resultados y sobre los resultados del sistema de video-vigilancia, y él responda: primero apruebe los exámenes de control y confianza.

Sería un absurdo, pero como en este estado los funcionarios actúan como dueños del C5, contestan lo que su limitada inteligencia policial le permite. Es un riesgo no transparentar el uso de ese mecanismo de seguridad, más cuando en los hechos no se ven resultados, y se quieran forzar resultados como ocurrió este lunes cuando Alberto Capella informó que gracias al sistema de video-vigilancia se había logrado detener al responsable de haber atropellado a un transeúnte. No minimizo, pero hacer inversión multimillonaria –jamás hecha- para detectar a conductores irresponsables, no es justo.

¿Y la prevención del delito?  Es uno de los fracasos más evidentes. No deje de leerlo en la próxima.

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