Emite CDHEM recomendación contra Graco y Messeguer por reo asesinado en Atlacholoaya

Por Oswald Alonso

CUERNAVACA, Mor., 26 de septiembre.- La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM), emitió una recomendación más al gobernador Graco Ramírez, ahora por el caso de Hilario Montaño Montes, reo asesinado en el penal de Atlacholaoya, el pasado 8 de enero.

El organismo defensor de los derechos humanos consideró que tanto el gobernador como el secretario de gobierno Jorge Messeguer Guillen, este último responsable directo del sistema penitenciario del estado, deben  instrumentar políticas públicas en materia de seguridad penitenciaria.

También se les ordena una reparación de daño a los familiares de la víctima estrangulado en una delas  celdas.

Hilario Montaño Montes, era un reo que se encontraba en el penal de Atlacholoaya por delitos graves pero se fugó el 3 de enero junto con  tres reos más, sin embargo, fue recapturado días después. El 8 de enero un grupo de internos penetro al área donde se encontraba y fue asesinado. La CDHEM abrió una queja y este jueves dio a conocer su recomendación.

En la investigación los visitadores encontraron evidencia de violaciones graves dentro del penal  contra el reo en su derecho de una vida digna y segura  dentro en la prisión. También detectaron que no existen personal capacitado lo que vulneró la seguridad del centro de reinserción social.

Al secretario Jorge Messeguer, le recomiendan ejecute políticas públicas para mejorar el sistema penitenciario; se lleve a cabo la contratación, capacitación y adiestramiento de personal a fin de mejorar la seguridad en los centros de reinserción social del Estado

La recomendación también incluye al  Coordinador de Reinserción Social del Estado de Morelos. Con exactitud, la CDHEM pide se capacite a los elementos de seguridad y custodia en: prevención, contención y control de riñas colectivas y motines, y otros actos violentos.

También en la prevención de evasión de presos, contención y control posterior al hecho;     prevención de la tortura, y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.  Uso racional de la fuerza y prevención y erradicación de prácticas de corrupción.

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