Por Leticia Villaseñor
Cuautla, Mor., 11 de enero.- María Dolores Juárez Cárdenas, de 28 años y madre de dos niños, salió de su casa ubicada en el municipio de Atlaucan, en el estado de México, que colinda en la parte norte con el municipio de Yecapixtla.
Aquel 31 de marzo de 2013 María ya no regresó a casa y su esposo, Rodrigo Martínez Durán, interpuso una denuncia por desaparición en la Procuraduría Estatal mexiquense.
El mismo día, en la ciudad de Cuautla, a tan sólo 40 kilómetros del municipio de Atlaucan, se encontró el cuerpo de una mujer en un hotel ubicado en la calle La Malinche de la colonia Cuauhtémoc, a unos pasos de la central de abastos de la heroica ciudad y a unos minutos del poblado de Tetelcingo.
Dicha comunidad indígena fue la morada de María Dolores los últimos dos años. Su cuerpo fue recogido por el Servicio Médico Forense -sin más datos que el hallazgo del cadáver, el mismo día de su desaparición-, con una sábana amarrada al cuello y a un pie.
Las autoridades no difundieron ningún dato más sobre las causas de su muerte, si había cámaras de vigilancia en el lugar para establecer la víctima ingresó sola o en compañía de alguien, si, en su caso, se logró su identificación; si fue llevada ahí por la fuerza o incluso si se realizó alguna investigación en contra del hotel.
La entonces Subprocuraduría Regional Oriente de Morelos realizó las pruebas genéticas sin resultados positivos. Sin embargo, no realizó la confronta de datos con las entidades vecinas y presuntamente tampoco la procuraduría mexiquense solicitó la ayuda de otras entidades en el caso de desaparición de María Dolores.
El cuerpo de la joven quedó en el refrigerador del Semefo por casi un año. El 28 de marzo de 2014 se dio la orden para que los cuerpos fueran inhumados en un terreno que carece de permiso para ello, información difundida por la propia Fiscalía General del Estado, en la comunidad indígena de Tetelcingo.
Su cuerpo fue enterrado con el de Oliver Wenceslao, un comerciante de Cuautla; una maestra oriunda de Yautepec y el de Israel, un comerciante del poblado de Santa María Ahuacactitlán, al norte de Cuernavaca sin protocolo alguno.
El caso de Oliver fue el que destapó una serie de irregularidades en las fosas de Tetetelcingo, ya que su cuerpo fue plenamente identificado por sus familiares y a pesar de ello inhumado con otros 118 cuerpos más, por lo menos. Oliver fue víctima de privación ilegal de la libertad y homicidio.
El caso de la maestra de Yautepec, cuyo nombre no ha sido revelado, fue presuntamente un secuestro cuya identidad también fue confirmada por sus familiares sin que por ello les fuera entregada. Tras una intensa batalla legal, ambos cuerpos fueron entregados a sus familiares a finales de 2014.
El cuerpo de Israel, también víctima de secuestro, fue entregado a finales de octubre pasado. Su caso es similar al de María Dolores; luego de su secuestro a mediados de 2012, la familia interpuso la denuncia. Un mes después fue encontrado su cuerpo pero nunca se realizó la confronta de datos entre instituciones para su identificación y el cadáver fue inhumado en Tetelcingo como desconocido. Luego de dos años fue entregado a sus familiares.
La familia de Oliver Wenceslao fue quien presionó a las autoridades para investigar las irregularidades cometidas no sólo en el caso del joven comerciante, sino en los más de 100 cuerpos que permanecían en Tetelcingo.
Diversas organizaciones e instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se sumaron a la causa, y a finales de mayo pasado los cuerpos fueron exhumados y de nueva cuenta inhumados en una predio exprofeso en el panteón Jardines del Recuerdo en Cuautla.
Se realizaron pruebas genéticas a los cuerpos que carecían de ellas y se conformó una base de datos la cual es compartida con la Procuraduría General de la República para el cruce de datos. Así fue como se logró la identificación de Israel y ahora de María Dolores.
Esta mañana, por orden de un juez la gaveta 1 fue abierta. De ella se extrajo el cuerpo marcado con la bolsa número 10 y entregado a sus familiares. María Dolores al fin se reunió con su familia.
“Fueron cuatro años de búsqueda, de no saber dónde estaba mi esposa o qué había pasado con ella. Hoy vamos a enterrarla en el estado de México. Ahora mis hijos ya saben dónde está y dónde llorarle”, expresó, “hay muchas familias que están pasando por situaciones similares; insistan en buscarlos, exijamos sus derechos y garantías”, puntualizó.
Roberto Villanueva Guzmán, del Programa de Víctimas de la UAEM, lamentó que a pesar de las irregularidades cometidas, la ahora Fiscalía del estado siga cometiendo errores u omisiones. “la dependencia no ha cumplido varios compromisos asumidos desde septiembre pasado, como la exhibición en una galería virtual de los objetos y pertenencias encontradas en los cuerpos exhumados de las fosas clandestinas de Tetelcingo que podría ayudar a su identificación, como fue en el caso de Israel”.
Recordó que hay 21 cuerpos de los extraídos en el poblado indígena con datos para dar con sus familiares, “datos que habrían llevado a una identificación pronta, lo que no se hizo en su momento pero que sigue sin realizarle”, acusó.