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Por Ernesto Aroche Aguilar, de ladobe.com.mx

@earoche

PUEBLA, Pue., 11 de junio.- En 2012, el gobierno del estado pagó 13.9 millones de pesos a la empresa Milipol, SA de CV, por la adquisición de un sistema de inteligencia policial que permite cruzar bases de datos y que, se presume, podría servir también para el espionaje de personajes incómodos a la administración estatal.

La compra, reconocida por el Consejo Estatal de Seguridad Pública a una solicitud que presentó este reportero, se realizó a petición de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada en aquel momento por Ardelio Vargas Fosado, quien actualmente es titular del Instituto Nacional de Migración y sobre quien pesan señalamientos por la violación de los derechos humanos.

La idea de que el gobierno de Rafael Moreno Valle mantiene una vigilancia ilícita sobre personas y grupos opositores no es nueva, ha estado presente prácticamente desde el arranque de la administración, especialmente por la presencia de Vargas Fosado en el gabinete estatal, personaje que fue directivo en el del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En septiembre de ese 2012, el reportero Álvaro Delgado publicaba un reportaje en la revista Proceso titulado “Dos años de megalomanía”, en el texto el reportero cita a opositores panistas y directores de medios incómodos que acusan haber sido víctimas del espionaje gubernamental, incluso se menciona el nombre de Joaquín Arenal Romero, quien fue director de Investigación del Cisen y compañero de Vargas Fosado, como el hombre que hizo un seguimiento al columnista y director de portal e-consulta, Rodolfo Ruiz.

Pero no es el único caso, hace un año tres jóvenes fueron detenidos por su presunta intención de provocar acciones para desestabilizar en 2013 el desfile del 5 de mayo, tras varios días encarcelados en el penal de San Miguel y de Cholula, los jóvenes fueron liberados sin que se les hallara culpables de acción concertada alguna.

Y aunque se solicitó una entrevista con el actual secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Juan de la Cerda Hermida, la petición fue ignorada por el área de comunicación social.

Al respecto, Jesús Robles Maloof, integrante del Colectivo Contingente MX y de Propuesta Cívica, organismos que alertaron sobre el uso del programa FinFisher por al menos cuatro dependencias federales, entre ellas el Cisen, sostiene que existen evidencias de que en los gobiernos estatales se espía e intervienen la comunicación de adversarios políticos, activistas, y periodistas.

“El crecimiento del presupuesto de seguridad para los estados ha hecho que adquieran equipos de última tecnología que inicialmente son usados contra la delincuencia pero que una vez que está en manos de los gobiernos y ante la falta de protocolos para su uso son utilizados contra disidentes, periodistas o activistas”.

 

MEMEX, CRUZANDO VENTANAS

MiliPol es una empresa de seguridad privada que representa a varias firmas internacionales fabricantes de equipo de inteligencia y armamento como Eurocopter. Y lo mismo ofrece equipo de inteligencia que de contrainteligencia, y de acuerdo con fuentes relacionadas con temas de seguridad, también está metida en el negocio del rescate.

En su catálogo de 2013 tiene, por ejemplo, un “Sistema Táctico de Intercepción de Contraseñas de Correo Electrónico” y se promociona como: “Es una herramienta encubierta diseñada para la obtención de contraseñas y credenciales de usuarios ocultos en el SSL de manera rápida y discreta. Este dispositivo asume la identidad de un punto de acceso existente o Hotspot abierto”.

También oferta vehículos de infiltración equipados con micrófonos externos y cámaras de vigilancia “con capacidad de crecimiento para la instalación de equipo de vigilancia como, Interceptores de celulares, RF, telefonía convencional y audio ambiental”.

Dentro de su catálogo está el software de inteligencia Memex VI, un sistema que de acuerdo al catálogo permite “a través de una interfaz amigable, explotar bastos volúmenes de información (…); así como poder contar con la capacidad de recolectar y procesar nueva información y ser ubicada geográficamente”.

Memex rompe las barreras de desintegración y brinda acceso total al contenido de la Información de una manera fácil, rápida y, sobre todo, segura para procesar información de actividades del día a día (informes o reportes, periódicos, revistas, correos, expedientes, conmutadores, recibos de teléfono, cuentas bancarias, Internet, etc.)”

“Desde una interfaz de una sola consulta, Memex recupera, analiza y describe gráficamente información desde varias fuentes heterogéneas, proporcionando un alto nivel de automatización para tareas analíticas y búsqueda mediante texto libre sobre cualquier fuente de información”.
“Permite al usuario automatizar la indexación de páginas web específicas, y programar el sistema para dar seguimiento a vínculos URL sobre una página”.

El sistema de inteligencia Memex es distribuido en nuestro país por la empresa Milipol pero es desarrollado por la compañía escocesa Memex Technology Limited, compañía que fue adquirida en 2010 por el consorcio SAS Institute, un conglomerado de empresas dedicadas al software de analítica e inteligencia.

 

GOBIERNOS SIN CONTROL

En septiembre del año pasado Contingente MX y Alianza Cívica daban a conocer que tras una investigación impulsada por las dos organizaciones se había comprobado que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR), el Estado Mayor Presidencial (EMP) y el Cisen, usan de manera cotidiana el software de vigilancia ilegal FinFisher, desarrollado por la empresa británica Gamma Internacional, un programa que tras infiltrarse en el equipo de cómputo de los objetivos es capaz de recolectar y extraer una gran cantidad de datos. “En el caso de un celular atacado, FinFisher puede grabar conversaciones, llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto, así como habilitar la descarga de fotos, contactos, archivos y demás contenidos”.

Uno de los responsables de la investigación que reveló el uso del programa espía por parte del gobierno federal es Jesús Robles Maloof, quien en entrevista sostiene que hay evidencia de que no sólo el gobierno federal está utilizado tecnología digital para la vigilancia ilegal de adversarios políticos y disidentes.

Y enlista los caso de la ex vocera Alejandra Sota, o la propia ex candidata presidencial del PAN Josefina Vázquez Mota, como personajes políticos que han sido exhibidos en grabaciones que se obtienen a través de escuchas ilegales.

“Lo grave es que no es un asunto sólo entre la clase política y sus disputas internas, sino que también pasa al trabajo de periodistas y activistas, por ejemplo Lydia Cacho ha denunciado consistentemente los casos de sabotaje, de espionaje y ataques cibernéticos del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Está el caso de Chiapas en el que tras la denuncia de la existencia de un programa de espionaje, dirigido y pensado también para activistas y periodistas, un bloguero estuvo 90 días en la cárcel”.

Esto, puntualiza, “son indicios de que el crecimiento del presupuesto de seguridad para los estados ha hecho que adquieran equipos de última tecnología que inicialmente son usados contra la delincuencia, pero que una vez que está en manos de los gobiernos y ante la falta de protocolos para su uso son utilizados contra disidentes, periodistas o activistas”.

Señala además que no se trata de un asunto de siglas políticas, sino de la falta de control sobre los programas de vigilancia que están adquiriendo los estados con el argumento de que se trata de herramientas de inteligencia policial y de seguridad pública.

–No tiene que ver con la ideología del partido en turno sino con la falta de controles que existe sobre estas tecnologías y la falta de rendición de cuentas. Quien ejerce el poder tiene estos equipos capaces de realizar tareas de espionaje y localización de personas, no tiene controles sobre el uso. Y son gobiernos (los estatales) que manipulan a su congresos, que tratan de controlar la prensa local e incluso la nacional, son poderes muy arbitrarios que no tienen que ver con siglas sino con mecanismos de control.