Por Leticia Villaseñor
CUERNAVACA, Mor., 02 de septiembre.- “El gobierno estatal teme a la Alerta de Violencia de Género (AVG)”, estimó Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos tras las 15 recomendaciones que hizo la Conavim al Ejecutivo para atender los casos de feminicidio.
En torno al informe que entregó la Comisión Nacional para Prevenir, y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) luego de la petición formal que se hiciera al Instituto Nacional de las Mujeres para emitir la AVG, dijo que el gobierno “trató de tergiversar las conclusiones del informe y minimizar el problema, al reconocer sólo 280 de los 530 casos documentados”, sin embargo, dijo, el informe reconoce la responsabilidad oficial al no reconocer el problema en su totalidad.
El estudio, aseguró, concluye que no hay garantías para que las mujeres tengan derecho a la vida plena a una vida libre de violencia en Morelos, “porque aun en los casos reconocidos, prevalece la impunidad”.
Lamentó que el informe haya sido “al vapor” ya que no hay una metodología detallada de cómo se desestimaron los casos, ni qué dependencias lo hicieron ni las razones para ello.
El informe fue entregado el pasado 28 de agosto, de manera simultánea al grupo que pidió la AVG y al gobierno del estado, “el Ejecutivo tiene 15 días para responder formal y públicamente a la Secretaría de Gobernación de que atenderá las recomendaciones, a partir de entonces, habrá una revisión mensual de la atención a cada recomendación por un semestre, en caso de no cumplirse, la Segob, de manera automática, emitirá la AVG”, explicó.
“El informe estipula que hay responsabilidad oficial al no atenderlo en toda su dimensión, hay simulación, omisión, descoordinación y desconocimiento en las políticas públicas, con lo que se genera la violencia institucional”, sin embargo, dijo Quintanilla, no establece sanción para las instituciones o funcionarios.
“El gobierno debe difundir los protocolos de actuación, porque a pesar de que en la Fiscalía existen, en las demás instituciones que deben atender los derechos de las mujeres los desconocen o no existen”, explicó José Martínez, presidente de la Cidhem, además dijo, debe crearse un modelo de atención única, el gobierno anunció que crearía un programa para ello, que ni se conoce ni se difunde.
Otra de las exigencias es reparar el daño a la víctima, es decir, “se asume, casi de inmediato, que la mujer es ‘culpable’ de su propia muerte, se le criminaliza y revictimiza sin que hasta el momento haya un solo caso en el estado de reparación de daño en los casos que reconoce el propio gobierno”, abundó.
De los 280 casos reconocidos, sólo 59 fueron judicializados, de los cuales 12 fueron exonerados, lo que es un porcentaje mínimo.