Por JUSTINO MIRANDA
CUERNAVACA, Mor. 21 de mayo.- Desde su curul, Ignacio Suárez Huape, entonces diputado del PRD de la XLVII Legislatura, seguía con atención la sesión ordinaria de ese jueves 29 de enero de 1998.
24 horas antes el comandante Armando Martínez Salgado, Jefe Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del estado, hoy Fiscalía General del Estado, era detenido junto con dos de sus subalternos en el momento en que arrojaban el cadáver de un presunto secuestrador, a quien torturaron y mataron en los separos de la extinta Policía Judicial de Morelos.
La detención de Martínez Salgado mereció un espacio en páginas interiores del diario nacional “La Prensa”. El recorte de la nota periodística fue llevada al legislador en su carácter de presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
-¿Ya supiste Nacho?
– No, ¿qué pasó?
Mira, detuvieron a Martínez Salgado ayer en Iguala, Guerrero, cuando tiraba el cadáver de Jorge Nava Avilés, “El Moles”.
Los ojos de Nacho hurgaron con detalle la nota de apenas cinco párrafos y enseguida pidió el recorte del periódico.
¿Cómo ves, lo subo a tribuna?
Pues como veas, le contestó el reportero.
¡Claro que lo voy a subir, pues esta es la prueba de que el gobernador Jorge Carrillo Olea protege a las bandas de secuestradores que asuelan al estado de Morelos!, afirmó.
Enseguida pidió el uso de la palabra y se lo concedieron. Escaló el presidium y comenzó su discurso de denuncia.
Desde hace meses, pronunció, hemos denunciado la protección que brinda el gobierno a las bandas de secuestradores. Hemos dicho muchos de los secuestros tienen origen en la Policía Judicial de Morelos. Para los incrédulos de tales acusaciones les queremos decir que aquí esta la prueba de que los jefes policiacos son autores de los secuestros.
En medio de balbuceos por parte del grupo parlamentario del PRI, encabezados por el diputado Victor Saucedo Perdomo, Ignacio Suárez exhibió el recorte periodístico de La Prensa y leyó su contenido.
El salón de plenos entró en un marasmo y ahí arreció la protesta social contra el gobernador Carrillo Olea y en consecuencia su caída como gobernador constitucional de Morelos.
Desde ese momento Suárez Huape exigió la intervención de la PGR para procesar al entonces procurador de justicia, Carlos Pereda Merlo, al director de la Policía Judicial de Morelos, Jesús Miyazawa, y al Subprocurador de Justicia de la zona metropolitana, Rafael Augusto Borrego, por presunto encubrimiento y responsabilidad oficial.
La caída
La noticia transcendió al plano federal y las víctimas de secuestro y desaparecidos comenzaron a surgir con mayor fuerza. Las marchas del silencio arreciaron y alcanzaron un nivel inaudito mediante protagonistas como el entonces activista social Graco Ramírez Garrido Abreu, las organizaciones “Causa Ciudadana” de Cuernavaca y Cuautla, la dirigencia estatal del PAN con Adrián Rivera Pérez, el extinto Partido Civilista Morelense (PCM) con Alejandro Mojica Toledo y el Comité Directivo Estatal del PRD.
En mayo de ese año el gobernador constitucional Jorge Carillo Olea tuvo que dimitir al cargo y entonces se desató otra guerra política por buscar al sucesor del general.
Las negociaciones entre las cúpulas partidistas del PRI, PAN, PRD y PCM iban de un lado a otro. No había acuerdos hasta que un tarde se “filtró” a la prensa la designación de Juan Salgado Brito, entonces delegado de Sedesol en Morelos.
En la fracción parlamentaria del PRD hubo choques de opiniones. Unos consideraban que Salgado Brito era viable para ocupar el cargo de gobernador interino pero Suárez Huape estalló contra sus correligionarios y se opuso al “dedazo”.
De pronto salió de su oficina que ocupaba en el sótano del Congreso de Morelos y subió a un escritorio donde desplegó una cartulina para manifestar su desacuerdo por la designación de Salgado Brito. Ahí se diluyeron los acuerdos políticos y comenzó otra vez la búsqueda de consensos para elegir al gobernador sustituto. Llegó Jorge Morales Barud, entonces presidente estatal del PRI, y con él se realizaron negociaciones para incorporar a militantes del PRD, PAN y PCM en el gabinete gubernamental.
Ignacio Suárez Huape también protestó por la inclusión de sus compañeros en la estructura gubernamental y dijo que la lucha no había sido para ganar espacios de poder, sino para castigar a quienes estaban dañando a la ciudadanía.
Nacho no perdió el estilo. A su salida como diputado continuó la lucha y en los últimos años criticó fuertemente los acuerdos del grupo hegemónico del PRD, “Los Chuchos” con el presidente Enrique Peña Nieto. Así fue Nacho Suárez.
Foto|Tony Rivera ciudadanos.mx