Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 12 de noviembre.- Organizaciones de desaparecidos de todo el país demandaron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Graco Ramírez, investigar a fondo las irregularidades en las fosas donde la Fiscalía morelense inhumó ilegalmente cadáveres en Tetelcingo, en la región oriente de Morelos.
En un comunicado las organizaciones de todas las regiones de México, exigieron a los gobierno de la república y Morelos deslinde responsabilidades de los involucrados en este caso, al considerar que las actuaciones de la Fiscalía del Estado fueron revictimizantes y presumen que el hecho puede configurarse en un crimen de lesa humanidad.
Los activistas pidieron hacer cumplir la Ley General de Víctimas, derecho de las familias de desaparecidos –83 personas en el estado de Morelos en los últimos dos años, según diversos reportes de organizaciones civiles, así como las más de 26 mil en todo el país– para realizar las pruebas necesarias para comprobar si los cuerpos corresponden o no a sus familiares desaparecidos.
Para la identificación de los cadáveres en la fosa de Morelos, las organizaciones también propusieron la apertura las carpetas de investigación, reabrir las fosas para determinar con exactitud el número de cuerpos e insistieron en que sea un grupo de peritos independientes coordinados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quienes realicen las pruebas de ADN para determinar las identidades.
Al Ayuntamiento de Cuautla piden identificar si las fosas están dentro de su territorio y si están fuera de ley, porque para las organizaciones esta claro que el municipio no estaba enterado del depósito de cuerpos.
“El gobierno del estado debe establecer un diálogo activo y público con los familiares de las víctimas de desaparición y de los demás delitos, así como con organizaciones y colectivos que las acompañan, para crear estrategias y acciones concretas de respuesta a sus demandas.
“Debe, además, promover en el Congreso del estado una reforma que dote de la autonomía necesaria a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos, para que pueda realizar su trabajo de reparación del daño y de acompañamiento psicosocial”, cita el comunicado conjunto de organizaciones de desaparecidos y activistas defensores de derechos humanos.
La fosa donde se inhumaron de manera ilegal los cadáveres se conoció tras la denuncia de una madre que acusó a la Fiscalía estatal de sepultar en 2014 el cuerpo de su hijo secuestrado y asesinado en el 2013.
La mujer explicó que desde 2013 identificaron el cuerpo de su hijo Wenceslao pero las autoridades se negaron a entregar el cuerpo con el argumento de investigar a los responsables. Wenceslao permaneció casi un año en el Servicio Médico Forense (Semefo) hasta que un día lo inhumaron al igual que 104 cuerpos más en la fosa de Tetelcingo. Entonces la familia reclamó el cuerpo y el Ministerio Público exhumó los 105 cadáveres, entre ellos a Wenceslao.
El video de la exhumación de los 105 cuerpos lo difundió la mamá de la víctima para denunciar la existencia de la fosa.