Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, More., 23 de noviembre.- El Estado no se toma en serio el problema de la violencia en contra de las mujeres, porque estamos ante un fenómeno que realmente no conocemos, coincidieron investigadores nacionales y extranjeros en una ponencia donde se cuestionó la efectividad de la medida emergente, que se activó en 12 estados.
En el marco del día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, establecido desde el 25 de noviembre de 1985, se realizó un congreso para abordar el tema de violencia en contra de la mujer que reunió a diversos especialistas en Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM de la UNAM.
En esta sede se realizó el primer Congreso sobre Violencias de Género Contra las Mujeres y ahí Daniela Cerva, experta en Participación Política, advirtió que no todas las políticas públicas son positivas ya que en ocasiones son creadas para incrementar la opacidad en el manejo de la información.
“La Alerta no debería ser necesaria si la autoridad aplica las políticas públicas ya establecidas, que desde hace al menos una década están inmersas en la Ley general de Libre Acceso a una Vida sin Violencia”, acusó.
Los estados intentan que la solicitud no proceda, no con el fin de dar atención real al problema sino para que los gobernantes no sean cuestionados, y una vez activadas, se debe movilizar toda la maquinaria burocrática para coordinar la competencia y alcance de sus atribuciones de competencias se torna fundamental para no duplicar u omitir responsabilidades.
Se acude a esta medida no en espera de que al fin den resultados sino para visibilizar la propia violencia que el estado ejerce sobre las mujeres, al no actuar ni darle seguridad a una vida libre de violencia.
La alerta enfrenta una serie de obstáculos para su efectividad. De inicio, el problema de la violencia de enero es coyuntural, desdibuja una comprensión global del fenómeno que incluso se agrava frente a la situación generalizada de inseguridad del país, derivada de la presunta lucha en contra del narcotráfico y crimen organizado.
Todo el país vive una situación de emergencia y para los tomadores de decisiones, en el tema específico de la violencia en contra de las mujeres no se comprende su real magnitud, prosiguió.
No hay coordinación entre el ámbito municipal, estatal ni federal también lo que provoca serias restricciones en la ejecución de la alerta. Se incumple la política en materia de igualdad y atención a la violencia, al decretar la alerta se pone en evidencia de que pese a que las normas nacionales vigentes desde 2007, que deben desarrollar programas y atención de protocolos, creación de banco de datos para prevenir y erradicar la violencia de enero, éstas no funcionan y carecen de evaluaciones sistemáticas de alcances y resultados, que por ley deben contar con un sistema estatal de seguimiento y prevención de la violencia.
Sobre el proceso para el diagnóstico que debe presentar un grupo de trabajo, en un plazo de un mes, lamentó que las organizaciones no gubernamentales queden fuera, pues son las que conocen de cerca la problemática de los estados.
Los integrantes del grupo de trabajo, abundó, no son siempre conocedores del tema, algunos desconocen la legislación y el constante cambio de éstos no da un diagnóstico certero.
Esto, señaló, implica una serie de cuestiones, qué pasa con la alerta de violencia de enero, qué se pidió hacer, quien lo pidió, que se hace, ay que revisar el mecanismo porque al contrario de beneficiar, obstaculiza.
Una vez eco, los gobiernos tiene solo seis meses para resolver una problemática de violencia de enero de años, por lo que ninguno puede cumplirlas. Una vez decretada, las medidas emergentes se vuelven imposibles de cumplir, no ay un sistema que supervise el rigor de su implementación y finalmente es el mismo estado el que se encara de ello, es decir, la misma entidad que es cuestionada se autosupervisa.
Sobre el levantamiento de una alerta, no ay los parámetros ni tiempos establecidos para ello como tampoco ay lineamientos a seguir para que se extienda la alerta a otros municipios, ya que de manera irregular la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Conavim, no activa las alertas en todo el estado como fue ideada.
“La alerta sirve para evidenciar la terrible problemática de violencia en contra de las mujeres pero debemos replantear su efectividad y alcances”, finalizó.
En México se han activado alertas en Colima, guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Nuevo León, Quintana Roo, Michoacán, Estado de México y Morelos, desde 2015 a la fecha.