Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, More., 23 de noviembre.- La existencia de los Centros de Justicia para las Mujeres está condicionado al albedrío de los gobernantes, sin que su persistencia esté asegurada, alertó Ana Pecova, directora de la organización feminista Equis: Justicia para las Mujeres, durante el primer Congreso sobre Violencia de Género contra las Mujeres.

Durante su ponencia la investigadora reveló una serie de circunstancias que condicionan la prevalencia de esos centros en el país, 35 según las cifras oficiales, así como las anomalías por situaciones laborales de las instituciones presentes en ellos.

La mayoría de estos centros, dijo Ana Pecova, fueron creados por decreto gubernamental lo que no garantiza que las siguientes administraciones presupuesten recursos para su continuidad, dependen de la “voluntad política” de las autoridades responsables por lo que deben estar inmersas en la Ley Orgánica de los estados.

Asimismo, abundó, están sujetas al organigrama de Fiscalías o Procuradurías o de instancias menores, lo que demerita su accionar al carecer de autonomía, la mayoría no cuenta con un presupuesto propio, no tienen personal suficiente ni capacitado para atender las distintas áreas ya sean jurídicas, de atención médica, psicológica, física, de refugio temporal, de acompañamiento y seguimiento a sus casos, tampoco cuentan con un patrimonio propio, no tienen libertad para elegir a sus directivos que, en muchos casos llegan al puesto por recomendación de un tercero, sin contar con el perfil laboral para la atención y dirección del sitio.

“Carecen de los conocimientos mínimos de derechos humanos, perspectiva de enero, técnicas psicológicas y jurídicas para una adecuada atención de las mujeres violentadas y sus familias (hijos) por lo que la atención se torna deficiente en la mayoría de estos centros presuntamente especializados en el tema”, detalló.

Otra anomalía detectada por Ana Pecova fue que el personal adscrito a las instituciones, como el caso de los jueces, se condiciona a horarios de trabajo. En ocasiones, no hay personal del Ministerio Público para levantar una denuncia por la razón mencionada, por ser día obligado de asueto y no hay quien lo reemplace por lo que la víctima debe quedarse en la vía pública hasta que se reinicie el horario laboral; no se cumple la obligatoriedad de que estén abiertos las 24 horas del día todo el año, sin excepción.

“La mayoría de las mujeres violentadas, según datos ofrecidos por estos centros o por alguna instancia de procuración de justicia, llegan en promedio a las 2:00 horas por lo que en caso de que decidan esperar por la atención, deben pasar largos lapsos de tiempo a la intemperie lo que inhibe la denuncia. Todos los casos que llegan a estos lugares son casos potenciales de feminicidio”, advirtió.

Pecova criticó además la funcionalidad de las unidades de empoderamiento de la mujer en los centros, en los que se dan talleres de manualidades o repostería para que emprendan un negocio, sin que las mujeres cuenten con recursos propios para autogenerar sus recursos, tampoco cuentan con albergues, o si existen, están concentrados todos los casos de violencia y el tratamiento se da sin distingo.

“El panorama es desolador, el personal, desde los directivos, no tienen idea para qué existen estos centros, tampoco tienen una perspectiva acorde con el tipo de población, los centros están pensados sólo para la ‘mujer urbanizada’.

«Tampoco hay políticas públicas que incluyan a los hombres, principal sector que violenta a las mujeres, por lo que en México puede haber leyes fantásticas, como lo es la legislatura, pero de nada sirven si no se cambia su aplicación”, finalizó.

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