Por JUSTINO MIRANDA
Cuernavaca, Mor., 27 de febrero.- En noviembre de 2016 Francisco Emiliano salió con sus amigos a festejar su cumpleaños número 17. Los vieron reír y divertirse en un salón de billar del municipio de Jojutla, sur del estado; era el segundo día de festejos a los muertos.
En ese lugar jugaron entre las 16:00 y las 18:00 horas y después los estudiantes de la Preparatoria 4 se retiraron en compañía de otros amigos para seguir el festejo en una taquería de la zona.
Francisco dijo en su casa que iría a festejar y posiblemente se quedaría en la casa de uno de sus amigos.
Esa noche los familiares de los adolescentes Alberto Emilio Sánchez López de 15 años, Melesio Pizaña Flores y Alejandro Medina Juárez, ambos de 16 años, y Francisco Emiliano de 17 años, nada supieron de sus hijos pero a la mañana siguiente fueron avisados de que en un paraje del municipio de Yautepec, colindante con Tlaltizapan, estaban cuatro cuerpos de jóvenes sin vida.
El episodio funesto lo recuerda con nostalgia Francisco Javier Carmona, padre de Francisco Emiliano, pero desde esa fecha pide justicia a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porque en el desarrollo fueron detenidos siete presuntos responsables, identificados todos como los autores materiales del cuádruple crimen. Uno de ellos obtuvo el beneficio de la libertad condicionada porque un juez reclasificó el cargo de homicidio calificado por el de encubrimiento. El mandato judicial fue seguir el proceso en libertad pero al salir libre se fugó de la justicia.
Los datos de presuntas irregularidades en el procedimiento fueron expuestos por Francisco Javier Carmona en conferencia de prensa y acusó que desde hace dos años los padres de las víctimas registran argucias legales, parcialidad de los jueces para la pronta administración de la justicia y presuntas concesiones personales a los abogados defensores.
El proceso se sigue en el municipio de Cuautla, oriente de Morelos, en contra de siete imputados por el cuádruple crimen, pero solo seis de ellos están en prisión preventiva porque el séptimo procesado, Ivan Mata, identificado como participante en el homicidio de los adolescentes, esta prófugo porque el juez Daniel Adán Rodríguez Apac reclasificó el delito de homicidio calificado por el de encubrimiento.
Los padres de las víctimas objetaron el fallo del juez y los magistrados del TSJ consideraron que la actuación del juez estuvo infundado y fuera de la ley, pero el acusado está sustraído de la justicia.
El caso fue turnado a la jueza Patricia Soledad Aguirre Galván a quien señalan de actuar con parcialidad y a favor de los abogados defensores particulares y la prueba, dijo Francisco Carmona, es que después de dos años no se ha concretado la audiencia intermedia, en cuya etapa se valoran las pruebas emitidas por las partes del proceso y una vez analizadas por el Juez de Control se pasa al juicio oral.
“Esta audiencia ha sido diferida por y pospuesta por la jueza por petición de los defensores y por ser varios no se presentan a la audiencias y obligan a diferirla ya que en el nuevo Sistema de Justicia Penal la presencia del defensor es un requisito indispensable para el acusado. El colmo del cinismo de la jueza es que una vez difirió la audiencia porque señaló que no la había preparado”, dijo Francisco Carmona.
De acuerdo con lo familiares de las víctimas la juez ha diferido hasta en ocho ocasiones la audiencia intermedia en septiembre, noviembre y diciembre de 2018 y enero y febrero de este año.
En los antecedentes del caso consta que el exfiscal, Javier Pérez Durón, dijo que una vez analizada la carpeta del investigación y de acuerdo a las diligencias practicadas, se descartó la participación del crimen organizado porque no se utilizaron armas de fuego sino instrumentos punzocortantes como navajas y desarmadores.
Pero el director de la Preparatoria 4, Miguel Ángel Librado Robles, dijo que conforme con testimonios de familiares de las víctimas, los muchachos fueron perseguidos por los tripulantes de un auto y cuando los alcanzaron los subieron por la fuerza a ese vehículo.
“Los detienen, los levantan, los torturan y los matan. No sabemos qué más pasó”, dijo el director de la escuela perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).