Por Oswald Alonso
Nadie quiere la Ley de Participación Ciudadana. El Partido Acción Nacional (PAN), fue uno de los que casi se cortó las venas en pasadas legislaturas para que en el estado existiera una Ley de Participación Ciudadana, ley que permite consultas ciudadanas para conocer su punto de vista sobre políticas públicas, resultados que se hacen ley para los gobiernos.
Por eso no se explica, por qué tanto fervor a la Ley de Participación Ciudadana cuando inexplicablemente y de manera incongruente, convoca y organiza una consulta patito haciendo a un lado una herramienta que promovió y aprobó, ahora se niega a aplicar.
El pasado lunes este partido inició una encuesta, consulta o levantamiento de opinión de cinco preguntas para recolectar la opinión social de los civiles respecto de la inseguridad y la permanencia de la Policía de Mando Único.
Sólo colocaran cuatro ridículas casillas con boletas hechas de papel bond y fotocopiada en una tinta. Norma Alicia Popoca, diputada local en dos ocasiones, y exdirigente estatal de este partido, dijo que se trata de saber que piensa la población para que, cuando comparezca ante diputados el comisionado de seguridad Alberto Capella, tengan información del sentir ciudadano.
Esta panista ha perdido toda capacidad intelectual y política, ha perdido todo sentido de proporción de lo necesario y obligado; como si con cinco preguntas básicas (responda si o no) encontrará respuesta al dilema de la seguridad en Morelos.
Los cinco legisladores del PAN, juegan a encontrar respuestas mediáticas en una consulta patito, cuando debieran estar pensando en cómo van a hacer funcionar una Ley de Participación Ciudadana tan necesaria como instrumento de los verdaderos ciudadanos.
Tenemos más de 10 años presionando a los diputados locales para que se aplique, incluso los empresarios denunciaron el año pasado que desde el Ejecutivo y Legislativo existen intentos por frenar la instrumentación de esta ley.
En el caso del PRD, sus dirigentes y los operadores políticos piensan que al hacerla funcionar, entonces, los partidos de oposición podrán realizar el referéndum y la revocación de mandato contra el gobernador que ya se siente presidenciable. Tienen razón, la oposición busca argumentos para hacerlo.
Con la existencia de este instrumento los ciudadanos organizados podremos obligar a todos los políticos a acatar nuestro mandato mediante consultas públicas, por ejemplo, imagínense que pedimos una consulta para aprobar o desaprobar el sistema de transporte que propone el gobernador Graco Ramírez (Morebus).
O imagínense que demandamos una consulta legal para saber si los ciudadanos que habitamos la capital queremos al Mando Único o no.
Definitivamente a los políticos no les conviene que los ciudadanos tengamos funcionando este instrumento social, por eso es mejor una consulta patito, incluso como la que según el gobierno se hizo la semana pasada por medio de una empresa de nombre Parametría, respecto del transporte público. Este es otro ejemplo de cómo se puede dar la vuelta a los ciudadanos contratando a alguien para una consulta.
Las leyes parecen haberse creado, contradictoriamente, para violarlas, así lo evidencian diputados, políticos y gobernantes.