Por JUSTINO MIRANDA
CUERNAVACA, Mor. 12 de enero.- El gobierno estatal se declaró atento a la postulación de candidatos a cargos de elección popular, y afirmó que “verificará y notificará a la autoridad competente si se advierten antecedentes de vinculación con grupos dedicados a cometer delitos”.
Lo anterior con el fin de blindar los comicios electorales de junio venidero cuando se renovarán 33 alcaldías y 30 diputaciones locales, 12 de ellas de representación popular.
Durante el anuncio de cambios en el Instituto de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, dio cuenta del protocolo de blindaje electoral y convocó a los partidos políticos a verificar que “no existan antecedentes criminales y se asegure la buena conducta de sus candidatos a puestos de elección popular”.
Expuso que es necesario “garantizar que quienes sean postulados no estén relacionados con grupos delincuenciales, y que se cumpla el adecuado desarrollo de la función pública electoral y los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control y rendición de cuentas, así como para tener candidatos idóneos y honestos fuera de toda sospecha delincuencial”.
Para el gobernador estos ejercicios de coordinación superan a las personas, los partidos políticos y a los gobiernos, para ubicarse en el nivel de responsabilidad compartida en beneficio de la sociedad morelense.
Subrayó que el protocolo pretende evitar el uso de recursos provenientes de orígenes ilícitos y actos delincuenciales.
Frente al gobernador Graco Ramírez, Matías Quiroz dijo que este protocolo garantiza la aplicación del Estado de Derecho para ofrecer a la ciudadanía opciones que fortalezcan la democracia en condiciones de legalidad del proceso electoral.
En este protocolo se propone a los dirigentes de los partidos políticos comprometerse a realizar los procedimientos de investigación de sus aspirantes a ocupar un cargo de elección popular o mayoría relativa, con el fin de evitar que quienes se postulen tengan nexos con la delincuencia y se infiltren en las instituciones democráticas del Estado.
Por su parte el Ejecutivo estatal pondrá a disposición de los partidos políticos las instituciones que por su naturaleza realizan investigaciones y exámenes de control de confianza de quienes decidan someterse a estos, a fin de coadyuvar en el proceso de selección de los candidatos a cargos de elección popular y mayoría relativa.
A los aspirantes a cargos de elección popular y mayoría relativa, se les pide que para fortalecer la cultura de la legalidad y la transparencia publicitarán toda la información financiera y patrimonial con la que cuenten.
En caso de que los partidos políticos y ciudadanos sepan que alguno de los aspirantes cuenten con antecedentes que los vinculen con personas o grupos dedicados a delinquir, deberán de informarlo a la autoridad correspondiente, con el fin de que se realicen las investigaciones necesarias y se resuelva lo procedente.