Por Leticia villaseñor

Cuernavaca, Mor., 21 de marzo.- La ley de Seguridad Interna es la más controvertida, impugnada, repudiada y anticonstitucional en la historia de México, expuso el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, durante el Foro de la Ley de Seguridad Interior y Democracia realizado en la Biblioteca Central de la Universidad autónoma del Estado de Morelos.

“Resulta prometedor que ante las acciones de inconstitucionalidad de esta ley, hay opositores de ambas cámaras, de Senadores y Diputados, quienes pueden impugnar la ley entera. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo puede hacerlo con respecto a la parte que compete a violaciones de derechos humanos”, puntualizó.

La Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado 30 de noviembre en la Cámara de Diputados, establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”, además, permite el actuar del Ejército Mexicano durante una protesta que a su juicio sea violenta, por lo que el representante de la ONU acusó un uso discrecional de ésta, sin límites

Jan Jarab reiteró el llamado del Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, a la Suprema Corte de Justicia  de la Nación a desechar la controvertida ley que prevé dar un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, y que calificó de “un proyecto muy preocupante”.

Desde la ONU, expuso Jarab, advertimos tres ejes muy preocupantes sobre esta ley, la continuidad del problema de seguridad en México, es decir, la ley se aprobó de una manera tendenciosa sin rectificar el modelo impuesto y sin rectificar sobre adecuaciones necesarias a éste porque se premió la falta de éxito de las fuerzas civiles y las corporaciones policiacas están enfocadas a no conseguir resultados para que las facultades militares se extiendan aún más.

El segundo eje, prosiguió, es la discontinuidad, donde sí se observa un cambio pero equivocado al pretextar que la ley se aplicará en protestas “violentas”, ejemplificó, con la intervención militarizada y no de la policía que es la responsable de la seguridad de la ciudadanía.

El tercer eje es la simulación donde las corporaciones policiacas actuarán como los militares, entrenados para aniquilar al enemigo, que ni siquiera dio resultados en 2007 cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa sacó al ejército a las calles para un supuesto combate al narcotráfico que no ha dado resultados en una década. Además, acusó que los diputados federales no tomaron en cuenta las objeciones hechas por las Naciones Unidas previas a la aprobación de la legislación.

En el foro estuvieron presentes el activista Javier Sicilia, iniciador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los 43 normalistas rurales desaparecidos en el estado de Guerrero en septiembre de 2014 y Roberto Xavier Ochoa Gavaldón, del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas de la UAEM.

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