Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 04 de agosto.- Los abogados ya consensuaron qué profesionales del Derecho pueden ocupar los cargos de fiscal General del Estado y fiscal Anticorrupción: la ex diputada priísta Rocío Carrillo Pérez y Jaime Castela Toscano, respectivamente.
Los integrantes del Consejo Estatal de Abogados anunciaron este martes que entregarán al gobernador Graco Ramírez el expediente de Carrillo Pérez para que la considere en la terna que enviará al Congreso local, quien cuenta con las facultades legales para nombrar al fiscal morelense.
Rocío Carrillo, es la abogada representante del PRI ante el Consejo Municipal Electoral, que impugnó los resultados que le dieron el triunfo a Cuauhtémoc Blanco, en la elección de Cuernavaca.
Es la hermana de Anibal Carrillo, quien enfrentó investigación por parte de las autoridades estatales y federales al ser señalado de encabezar una banda de criminales dedicada al robo de autos que los intercambiaba por cocaína en Centroamérica. Anibal no ha sido detenido.
Incluso, existe la versión no confirmada, de que Carrillo Pérez, a inicios de los 90´, cuando fungía de ministerio público, ayudó al hijo del exgobernador Jorge Carrillo Olea, a librar la acusación de homicidio. En la casa del fraccionamiento Limoneros, al norte de la ciudad, entonces propiedad del general Jorge Carrillo Olea, fue encontrada una mujer muerta.
También, informó que enviara al Congreso Local, los documentos de Jaime Castela, para ser evaluado por los diputados para el cargo de Fiscal Anticorrupción. Jaime Castela, es el eterno aspirante a magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El ex juez Héctor Roberto Vargas Gómez, con un grupo de integrantes de esta organización de litigantes, demandó al Poder Legislativo evitar designaciones a favor de grupos políticos como ha ocurrido en el pasado.
También anunciaron recurrirán a instancias legales para impugnar los nombramientos recientes de Abraham Romo Pérez y Guillermo Arroyo.
El pasado 15 de julio, la mayoría de los diputados los nombró representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura de Morelos y magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, respectivamente.
En los dos casos, acusan que los procesos de designación fueron violados por los legisladores “obedeció a una designación de otro tipo”, expusieron los abogados.
Los señalamientos de litigantes tienen sustento, por lo menos en el caso de Abraham Romo. Este abogado era un fiel colaborador de la diputada perredista Lucía Meza Guzmán, fungía como secretario técnico de la comisión legislativa de Puntos Constitucionales y Legislación. Además, participó en la campaña a diputada federal Meza Guzmán.