Mantienen diputados privilegios para maestros de Morelos‏

Por Justino Miranda

CUERNAVACA, Mor., 21 de mayo.- El Congreso de Morelos acordó agotar el plazo de 60 días legales para estudiar y dictaminar la controversia constitucional que presentó en su contra la Secretaría de Educación Pública, porque el Legislativo no armonizó a cabalidad la reforma Constitucional educativa.

“En Morelos decidimos salvaguardar los derechos adquiridos por el magisterio como los 90 días de aguinaldo, la premiación de los docentes por 15, 20 y 30 años de servicio, así como reasignar en áreas administrativas a los maestros que no aprueben los exámenes de evaluación”, admitió el diputado del PRD, Raúl Tadeo Nava, secretario de la Comisión de Educación del Legislativo morelense.

A su vez, el presidente de la propia Comisión, Alfonso Miranda Gallegos, del PT, presidente de la Comisión de Educación, declaró que la espera de los 60 días legales también será para saber el desarrollo del tema a nivel federal.

Tadeo Nava agregó que desde el seis de mayo, el gobernador Graco Ramírez envió una iniciativa para derogar los artículos transitorios en los que el Congreso de Morelos privilegió los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación en el estado.

La propuesta se encuentra en estudio pero como diputados les decimos a los maestros “que hoy el Congreso está de su lado y van a gozar de una estabilidad laboral hasta que no nos haga una reforma constitucional Enrique Peña Nieto y Emilio Chuayffet”, advirtió el diputado perredista.

El lunes, la Secretaría de Educación en Morelos y el coordinador de la reforma educativa del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (Iebem), Fernando Pacheco Godínez, se reunieron con los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno, Juan Ángel Flores Bustamante e Isaac Pimentel Rivas, para intentar convencerlos de suprimir los artículos transitorios pero los diputados mantuvieron su postura. Horas después fueron notificados de la controversia constitucional promovida por la SEP.

En la controversia, el gobierno federal busca que “se declare la invalidez de las normas locales por considerarlas inconstitucionales, a fin de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Constitución y las leyes secundarias en materia educativa”.

En todos los casos, la finalidad es que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación las considera fundadas, se obligue a los Poderes Legislativos de dichas entidades a emitir sus legislaciones en materia educativa conforme a lo que establece la Constitución del país.

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