Por Justino Miranda
CUERNAVACA, Mor., 11 de octubre.- La marcha que partirá del zócalo capitalino hacia la residencia oficial de Los Pinos en apoyo a militares procesados por el caso Tlatlaya, exige regular el marco jurídico para que el Ejército y la Marina puedan realizar labores de seguridad pública y narcotráfico.
Caso contrario, cita el pliego petitorio de 10 puntos, piden que se ordene el regreso de las tropas a los cuarteles militares porque la labor y preparación de las fuerzas castrenses es custodiar la seguridad nacional.
César Mario Gutiérrez Priego, de la fundación “General Jesús Gutiérrez Rebollo” que apoya a militares y marinos procesados, afirmó que la insistencia de las autoridades federales por desplazar en las calles a fuerzas castrenses los coloca en el riesgo extremo de cometer errores de esta naturaleza.
“Se solicita que al personal militar involucrado por el caso Tlatlaya se le juzgue conforme a derecho y se deje de violentar la presunción de inocencia que opera en su favor, toda vez que hasta el momento ha existido un clima de linchamiento hacia el Ejército Mexicano y a los miembros de dicha Institución, de los cuales, si son culpables, se les castigue de la forma que las leyes contemplan dentro del marco jurídico y no por medio de una investigación periodística que no existe dentro del mundo de lo legal”, exigen.
Gutiérrez Priego, hijo del extinto general Gutiérrez Rebollo, procesado por supuestos vínculos con el Cártel de Juárez, consideró que los tres militares imputados de disparar contra un grupo de detenidos, presuntamente narcotraficantes, no deben ser prejuzgados y en todo caso esperar la conclusión de las investigaciones para conocer la verdad histórica de los hechos.
“No digo que sean inocentes pero sólo se habla de tres elementos que habrían cometido el error y eso no involucra al grupo que participó en el operativo y tampoco a la institución. En todo caso también se debería consignar el delito de omisión cometido por los mandos que estaban al frente del grupo operativo”, expuso.
En su pliego petitorio demandan la instalación de una mesa de diálogo para revisar más de 100 causas penales contra elementos castrenses, donde supuestamente violaron sus derechos humanos y procesales así como las prestaciones necesarias para sus familias.
La marcha fue convocada por familiares de militares e integrantes del movimiento #YoSoy26, creado por la población civil en apoyo del personal militar que es procesado y sentenciado por el caso Tlatlaya. En ella participan Ana Lucía Zavala Rodríguez, presidenta de la Organización Humanista por el Progreso Social, principal promotora del movimiento de protesta, así como Bertha Amparo Martínez Ledezma, hija del del general Ricardo Martínez Perea, con sentencia de 19 años de prisión por imputaciones de supuestos nexos con el crimen organizado.
En su pliego petitorio solicitan la creación de un comité ciudadano de vigilancia, con juristas especializados en derecho militar, que supervise la correcta aplicación de las leyes militares, ya que, argumentan, el fuero de guerra únicamente es una justicia de mando, que se utiliza de forma autoritaria en perjuicio de los derechos humanos y procesales de los elementos de las Fuerzas Armadas.
Piden asimismo la creación de un Comité Ciudadano que vigile el correcto funcionamiento de la Dirección General de Derechos Humanos perteneciente a la Secretaria de la Defensa Nacional, porque ha sido totalmente omisa en sus funciones y no ha emitido recomendación alguna en favor de los derechos humanos del debido proceso, en favor de ningún elemento militar; es una institución de consigna, acusan.
Al presidente Enrique Peña Nieto, considerado jefe supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, piden que el personal militar que participe en funciones de Seguridad Publica y de lucha contra el Narcotráfico, se resguarden a sus familias para que no suceda lo que ha pasado con las familias de estos elementos que sufren las represalias de los miembros de la delincuencia organizada.
Entre los principales puntos se solicita la revisión del asunto del general Ricardo Martínez Perea, “procesado y sentenciado en base a un anónimo que ni siquiera mencionaba su nombre y a orden expresa del expresidente Vicente Fox Quezada.
El pliego petitorio esta firmado por Ana Lucía Zavala Rodríguez, Mario Montes Aguilera de la Organización Humanista por el Progreso Social, así como por César Gutiérrez, Primo Bello y Bertha Martínez, de la fundación “General Jesús Gutiérrez Rebollo en apoyo de militares y marinos procesados A.C.”.
Foto | agencia EFE