Por Justino Miranda
Cuernavaca, Mor., 16 de noviembre.- El rector en funciones de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, afirmó que la judicialización de los procesos penales en su contra, por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, corresponden a una campaña de desprestigio y persecución política orquestada “desde el gobierno que encabeza el perredista Graco Ramírez”.
En una carta dirigida a la opinión pública afirma que la supuesta maniobra mediática en su contra, tiene el propósito de anular sus derechos políticos para contender por un cargo de elección popular en las próximas elecciones, en el supuesto caso de que así lo decida.
Vera forma parte del Frente Amplio Morelense integrado en octubre de 2016 por legisladores locales y federales, el alcalde Cuauhtémoc Blanco y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, como contrapeso a las políticas del gobierno estatal pero también para elegir entre ellos, con excepción del jerarca religioso, al candidato a la gubernatura.
En su carta también dirigida a la comunidad universitaria y a la sociedad morelense, el rector saliente desechó la comisión del delito de lavado de dinero, que presumió el fiscal anticorrupción en Morelos, Juan Salazar Núñez, al señalar que la compulsa de las cuentas bancarias del catedrático registran depósitos y transferencias ajenas a las percepciones económicas como rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
“En relación con nuestras cuentas bancarias quiero enfatizar que todos los registros que se reflejan, no provenientes de nuestros salario, son producto de las operaciones crediticias y de compra-venta, legalmente efectuadas y de las cuales tenemos toda la documentación que la sustenta”, asegura en su texto divulgado por su equipo de prensa.
Vera Jiménez es imputado de cometer peculado porque contrató un crédito original por 600 millones de pesos sin la autorización del Congreso de Morelos, pero también por disponer del presupuesto estatal y federal para pagar los intereses y la suerte principal.
La Fiscalía Anticorrupción también lo acusa de incurrir en el delito de enriquecimiento ilícito porque en cinco años adquirió propiedades sin la suficiencia financiera para hacerlo, conforme a sus ingresos como rector. En este caso también esta acusada su señora esposa.
En respuesta el rector dijo que tiene 30 años en actividad laboral y su esposa 25 y pueden demostrar la fuente de su patrimonio sin mediar orden de aprehensión, dijo. El sábado pasado la Fiscalía encabezó un operativo de cateo en el domicilio del rector y al mismo tiempo buscaba detenerlo así como a su esposa.
El rector dio cuenta de tres propiedades y un auto compacto que suman un patrimonio de 8 millones 907 mil 500 pesos de los cuales deben la cantidad de 3 millones 635 mil pesos. “Además mi esposa y yo contamos con un ahorro en nuestras cuentas bancarias alrededor de 500 mil pesos, producto de nuestros salarios de nuestra percepción por concepto del Sistema Nacional de Investigadores. No soy delincuente. No me he robado nada, y no he deshonrado mi compromiso como universitario y como ciudadano”, sostiene.