Por Justino Miranda
Cuernavaca, Mor., 22 de enero.- La última quincena de pago que recibió su grupo en el Congreso de Morelos fue en octubre de 2016, cuando la mayoría legislativa preparaba el primero juicio político contra el edil Cuauhtémoc Blanco por presentar documentación apócrifa para su registro como candidato.
Ese momento lo recuerda bien el legislador del Partido Encuentro Social (PES),
Efraín Esau Mondragón Corrales, porque después los grupos mayoritarios buscaron los consensos para aprobar el primer juicio político contra el alcalde pero él se negó a participar.
Blanco todavía no era militante de ese partido político y tampoco había pláticas para invitarlo a sumarse, pero Mondragón Corrales afirma que su convicción partidista le impidió participar en el linchamiento político.
A partir de entonces el legislador fue relegado de los principales acuerdos parlamentarios y el Congreso estatal despidió al total de sus colaboradores.
Efraín Esau dice que la presidenta del Congreso estatal, Beatriz Vicera Alatriste, le dijo «no pues tu ya no tienes trabajadores, pues no te alineaste a lo que estábamos haciendo”, y de tajo se quedó sin colaboradores y sin apoyo económico.
Desde entonces recibe únicamente 60 mil pesos de “dieta” cuyos recursos utiliza para pagar un colaborador, realizar gestión social y pagar un auto que compró a su amiga.
A mediados de 2017 lo alcanzó la crisis financiera y entonces decidió entrar a Uber para tener un ingreso extra. Un usuario lo reconoció cuando la empresa le pidió calificar el servicio prestado por el conductor Efraín Esau Mondragón.
El diputado acudió a los tribunales para denunciar lo que consideró una violación al reglamento del Legislativo estatal en perjuicio de su persona, pero los resolutivos versaron en el sentido de que se trataba de un asunto interno.
Desde entonces combate la opacidad en el Congreso morelense y juzga de incongruentes a algunos de sus integrantes porque, dijo, exigen la rendición de cuentas y transparencia de los organismos que reciben recursos públicos mientras ellos hacen lo contrario.
“En el Congreso se detuvo la transparencia y de hecho otras organizaciones civiles hicieron solicitudes en cuanto a la nómina legislativa ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), pero hubo un momento en que la página del Congreso en internet tenía una leyenda que decía que ‘el Congreso bajo equis artículo no era un sujeto obligado a transparentar los recursos’, lo cual es una cosa inaudita porque todos los recursos públicos deben ser transparentados”, afirma.
En efecto, desde octubre de 2016, el Legislativo dejó de actualizar la información sobre nómina y otros rubros en su portal de transparencia y con el cambio de la mesa directiva, del priista Francisco Moreno Merino a la perredista Beatriz Vicera Alatriste, se generó un vació de información además de un presunto quebranto financiero del Legislativo.
La organización “Morelos Rinde Cuentas” pidió al Congreso transparentar sus cuentas y esclarecer el uso de los recursos públicos, a través de diversas solicitudes de acceso a la información, pero el Legislativo no atendió sus solicitudes.
La organización no gubernamental se inconformó ante el IMIPE pero tampoco resolvió a su favor por lo que promovió el amparo 011991/2017 en el Juzgado Cuarto de Distrito en Cuernavaca, por la omisión de dar trámite a una solicitud de información, con fecha 4 de septiembre de 2017.
Novatada
En 2015 cuando resultó electo como diputado plurinominal por el PES, Efraín Esau Mondragón vivió su luna de miel con el grupo mayoritario del PRD. Le prometieron 60 mil pesos de dieta y otros 120 mil pesos para gestión social y contratación de personal, además del reembolso de viáticos y salidas sociales.
“Morelos rinde cuentas” exhibió una tabla con las cantidades que reciben algunos legisladores de hasta un millón de pesos en dieta, viáticos, contratación de personal y otras “prestaciones”, pero el Congreso nunca ofreció una versión al respecto.
“La secretaría de Administración y Finanzas, Martha Patricia Bandera Flores, rindió una o dos veces un informe financiero ante la Conferencia legislativa, y después no se supo nada más. Se trató de hacer el informe antes de que terminara el primer año de la diputada Beatriz Alatriste, pero no había quórum y nunca se rindió el informe”, dice el diputado.
¿No te alcanzan los 60 mil pesos?
Adquirí algunos compromisos, estoy invirtiendo en otras cosas con mi familia y obviamente nunca preví lo que está pasando ahora. Tengo otros compromisos pero además de mantener a algunos colaboradores, estoy pagando el auto que esta en Uber.
¿Quién te sugirió entrar a Uber?
“Yo tomé la iniciativa. Toda la vida, mi papá, mis tíos, se han dedicado al transportes entonces cuando entre a Uber dije ‘vamos modernizarnos también y tener un ingreso extra aparte’, porque ciertamente me queda un remanente de lo que recibo como sueldo pero no estoy las 24 horas. Ahora se hizo necesario porque no recibimos la última quincena de diciembre y siempre se necesita dinero para la cena, regalos, los apoyos a los ciudadanos y otros.
¿Es una revancha política porque no actuaste contra el Cuauh?
“Por supuesto aunque Cuauhtémoc no era del partido, estaba volando. No estaba oficialmente en las filas del PES, no siquiera estaba en pláticas, pero era un tema de golpes políticos contra Cuauhtemoc del cual no fui parte y por eso se dio esta situación”.
¿Y qué te dicen los pasajeros?
“Se sorprenden porque piensan que todos los diputados se dan una gran vida y derrochan dinero y ese es el concepto que la gente tiene de los diputados, como que estamos casi acostados en una cama de dinero esperando que todo se solucione o recibir mas dinero”.
Opacidad legislativa
En octubre de 2017 la organización civil “Morelos Rinde Cuentas” informó que el Congreso del estado continuaba sin atender de fondo la demanda de transparencia a pesar del resolutivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer los impuestos pagados por el Legislativo, de 2010 a mayo de 2017, en el que debe desglosar tipo de impuesto pagado, monto económico y fecha de cada uno de los pagos efectuados.
El diputado panista Víctor Manuel Caballero, líder de la bancada parlamentaria, quien lamentó en su momento que el tema no se pusiera a discusión de la Conferencia legislativa.
Asimismo expresó su inconformidad porque la mesa directiva, en manos de una diputada del PRD, no transparentó el manejo del dinero público en la actual legislatura.
En septiembre de 2017 la organización recurrió al amparo ante la falta de respuesta en el IMIPE y pidió en paralelo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones y pagos del Legislativo. La dependencia federal respondió que la información era clasificada como confidencial, en virtud del secreto fiscal.
Pero la organización civil interpuso un recurso de revisión ante el INAI y la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos concluyó que “el secreto fiscal no puede actualizarse en los casos en los que los particulares soliciten información de entes públicos, toda vez que estos se allegan, utilizan y administran recursos públicos que se encuentran sujetos al principio de transparencia y rendición de cuentas”.
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Con ello obligó al SAT a dar la información a la organización pero hasta diciembre pasado el representante legal de la organización, Roberto Salinas Ramírez, se encontraba a la espera de los datos.