Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 14 de marzo.- El estado que más violenta los derechos políticos de las mujeres es Oaxaca, por el tema de los usos y costumbres, y donde se registran más muertes es Guerrero, lamentó Alejandra Chávez Camarena, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, durante el conversatorio “Violencia Política de Género”, realizado en el salón de sesiones del Instituto Electoral de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
Ahí la magistrada diferenció los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres que aspiran a un cargo, ya sea por elección popular o de mayoría relativa, que son política, política de género y política contra las mujeres por razones de género, esta última la más difícil de comprobar y sancionar.
“La violencia más recurrente en contra de las mujeres en el ámbito político es la verbal, si atendemos las reglas de cómo debemos procesar los casos se deben valorar las documentales públicas y privadas, pero en algunos casos solo hay indicios pero éstos pueden convertirse en pruebas plenas, es difícil razonar como instancia jurisdiccional para establecer que un varón violente a una mujer, que puede llegar a los extremos de impedirles que ocupen o ejerzan un cargo público”, detalló.
Chávez Camarena señaló que los avances en esta materia son magros pero reconoció la coadyuvancia entre instituciones para lograr la equidad y que los cargos públicos sean ocupados en igualdad de circunstancias por hombres y mujeres, No percibo que la violencia vaya en aumento, sino que antes no estaba visibilizada ni cuantificada, la situación décadas atrás era peor porque las mujeres no tenían derecho a ni a votar ni a ser votadas, declaró.
Para Itzel Anahí Valle Rosales, coordinadora del programa de Apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas en Guerrero, el problema de la violencia en contra de las mujeres se debe a la incursión en mayor medida de las mujeres en actividades y cargos públicos, lo que rompe una “normalidad” machista y hay una resistencia social, y la intromisión de la delincuencia organizada.
El estado no puede solo, observó, necesita a una sociedad civil informada e inteligente porque no es un problema aislado, los casos se vuelven recurrentes y en muchos de ellos sí tienen que ver con la delincuencia organizada a la que no le conviene que una mujer gobierne tal región -ejemplificó-.
Adriana Margarita Favela Herrera, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, advirtió en noviembre pasado sobre el presente proceso electoral y en torno a la violencia política.
“Debemos poner atención en este fenómeno porque en 2018 se renovará el mayor número de cargos de elección popular en la historia de nuestro país, un total de 19 mil 134 cargos, y se deben postular mujeres en la mitad de las candidaturas según el principio de paridad entre los géneros reconocido desde 2014 a nivel constitucional, siendo previsible que aumente la violencia política en su contra, sobre todo cuando compitan por cargos a nivel municipal.
Violencia en México
El pasado 6 de marzo, el cuerpo de la activista María Luisa Ortiz Arenas, integrante de la Red de Activistas Femeninas, fue encontrada muerta en un paraje de Mexcaltepec, municipio de Taxco, cerca de la carretera federal que conduce a Iguala. Su cuerpo tenía huellas de haber sido golpeada y violada sexualmente, indicó el gobierno Guerrero.
Una semana antes, el 25 de febrero, Dulce Rebaja Pedro, exprecandidata del PRI a diputada local por el distrito 25, fue asesinada junto a su primo en el municipio de Chilapa, Guerrero; sus cuerpos fueron hallados con múltiples heridas de bala, en la batea de una camioneta Nissan Frontier blanca con placas del estado de Guerrero, en el paraje Agua Zarca sobre la carretera Chilapa-Atzacoaloya según informó el diario El Sur.
Un mes antes, el 24 de enero, la activista Magda Rubio, quien trabaja a favor de los Tarahumaras en Chihuahua, y es candidata independiente a la presidencia municipal de Guachochi, denunció amenazas de muerte en su contra en la que le exigen abandonar sus aspiraciones por el cargo público.
El 18 de enero, en la comunidad indígena de Cherán, en Michoacán, la activista social María Guadalupe Campanur, quien participó en la creación de los cuerpos de seguridad para la comunidad, fue localizada muerta, con una herida de arma blanca en el cuello, en el predio de Irapo sobre la carretera Carapan-Uruapan.
La población de Cherán elige a sus autoridades y a su Consejo por medio de las costumbres y tradiciones indígenas.
Ese mismo día, Esmeralda de Luna Sánchez, candidata a diputada local por la coalición PAN, PRD y MC en el distrito II de Toluca, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para levantar una denuncia por un intento de extorsión al pedirle dos millones de pesos, a cambio de no abrir una carpeta de investigación en su contra.
La candidata acusó al presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora, al que le adjudicó la responsabilidad de las amenazas y los señalamientos de violencia política y aseguró que el ayuntamiento capitalino realizó operativos con el apoyo de la policía municipal cerca de su domicilio.
Violencia Política en Morelos desde el Impepac
Lucía Corrales Hernández, aspirante independiente a la alcaldía de Puente de Ixtla, uno de los municipios con mayores índices delictivos en la entidad, situado en los límites con Guerrero, denunció que el consejo Municipal Electoral de esa localidad pretende invalidar 200 firmas que entregó para lograr su registró.
“La consejera presidente Claudia Estrada Rodríguez me hizo una llamada telefónica el pasado sábado 3 de marzo para informarme que había presuntas anomalías con las firmas recabadas y que me las invalidarían”, relató, sin embargo, acusó que el oficio le fue entregado con fecha 11 de marzo.
En el documento se le informa que de las mil 700 firmas que entregó para validar su candidatura independiente a la alcaldía, 200 eran sólo copias de las credenciales de elector. Corrales Hernández advirtió que el tamaño de la muestra excede al 10% que debe analizar el Impepac, además dijo tener el respaldo fotográfico de quienes le entregaron sus signaturas y que a dos días de pedir derecho de audiencia para la confronta, su petición ha sido negada.
La denuncia fue hecha en pleno conversatorio, por lo que de manera inmediata la consejera presidente del Instituto, Ana Isabel León Trueba remitió a la candidata al área de Organización para que su caso fuera atendido.