Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 19 de diciembre.- La destitución del secretario de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Jesús Pérez Abarca, es improcedente, ya que ésta debe ser por acuerdo del presidente municipal y el comisionado estatal de Seguridad, y con la aprobación del Cabildo, señaló el secretario de gobierno Matías Quiroz Medina.
El pasado viernes por la mañana unos 40 elementos del Mando Único tomaron las instalaciones de la comuna capitalina bajo el argumento de una protesta violenta de simpatizantes de Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidente municipal de Cuernavaca, bajo las órdenes de Pérez Abarca.
El sábado el Cuauh anunció su destitución por desconocerlo como alcalde. Sin embargo, el Ejecutivo Estatal le recordó al munícipe que “derivado del decreto 5358 del Mando Único en Cuernavaca, firmado el 5 de febrero del presente año, la seguridad pública continua a cargo del gobierno del estado. El presidente municipal y el comisionado estatal de Seguridad determinarán al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal con aprobación del cabildo, lo que no ha sucedido para remover del cargo a Pérez abarca y ser sustituido por Marco Lara Olmos; tampoco se ha recibido solicitud para el cambio, por lo que Jesús Pérez Abarca sigue al frente de dicha institución”, puntualizó el encargado de la política interna del estado.
La seguridad pública, declaró, no puede estar sujeta a volatilidad de impresiones personales; la seguridad no está a discusión.
En rueda de prensa, el funcionario dio la versión oficial de los hechos del pasado viernes así como los argumentos para la toma de tres edificios municipales –el ayuntamiento, la Tesorería y el Museo de la Ciudad-, para reforzar su dicho proyectó un video en el que la síndico municipal Denisse Arizmendi Villegas relata lo que ella vio y solicitó.
“Grupos antagónicos integrados por algunos líderes de colonias, transportistas y comerciantes, ingresaron al ayuntamiento al mediodía de una forma violenta, incluso algunos iban armados, causaron temor entre el personal y la ciudadanía”, cuenta la munícipe en una videograbación.
Sin embargo, no explica del ingreso de la policía estatal al Ayuntamiento al mediodía, en el que la prensa registró el ingreso de unos 40 elementos para cerrar el inmueble e impedir el acceso al personal administrativo y ciudadanos.
Pero la versión oficial, según lo dicho tanto por la síndica como por el secretario de Gobierno, es que a las 19:30 horas se pidió el apoyo de más elementos luego de realizar una sesión extraordinaria en el salón de cabildo, con algunos regidores, “porque no tuvimos respuesta ni del secretario técnico José Manuel Sanz Rivera, ni el presidente municipal”.
El alegato de Arizmendi Villegas fue que “las oficinas eran saqueadas –no refirió por quien-, sacaron papeles, equipo de cómputo y maletines”.
Ni la síndico ni Matías Quiroz dieron explicación alguna sobre la toma de la Tesorería y del Museo de la Ciudad, ya que los hechos que ambos relataron fueron en las oficinas principales, no en los dos referidos, los cuales incluso fueron “resguardados” en las primeras horas del sábado.
Luego de 60 horas de la toma de las instalaciones, la noche del pasado domingo fueron liberadas “al no existir riesgo inminente por lo que no resultó necesario el apoyo policiaco”, excusó Quiroz Medina.
Las instalaciones fueron regresadas al municipio, con el acompañamiento de un notario, quien dio fe que “los elementos no tuvieron acceso a las oficinas, si el como edil tienen elementos que señalar, que haga lo conducente”, finalizó.