Por Leticia villaseñor

Cuernavaca, Mor., 17 de noviembre.- La Fiscalía General del Estado (FEG) pidió prórroga a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Morelos, para entregar las copias certificadas de las carpetas de investigación de los 105 cuerpos inhumados en el poblado de Tetelcingo, Cuautla, al oriente de la entidad, así como el comparativos de las pruebas realizadas y la metodología para hacer una confronta posterior.

Así lo dio a conocer Fabiola Colín Bolaños, secretaria ejecutiva de la Comisión, quien detalló que la Fiscalía debió entregar dicho informe el pasado viernes luego de cumplirse el plazo de 10 días naturales de ley que tuvo para tal fin a raíz de la queja radicada CT-UIDD-A/586/2015 por la inhumación irregular de Oliver Wenceslo.

Sin embargo, la FEG pidió una “prórroga suficiente para exhibir la documentación”, sin especificar el plazo a pesar de que la ley otorga sólo cinco días naturales más, por lo que deberá ser el próximo lunes cuando entregue dicha información requerida.

“No se puede otorgar una prórroga indefinida. Hacemos un llamado a la Fiscalía a cumplir la ley y transparentar quiénes fueron los servidores públicos involucrados en la inhumación irregular en al menos uno de los 105 casos de dichas fosas”, exigió la defensora de derechos humanos.

La ley estatal de Responsabilidad de Servidores Públicos, detalló, establece que las responsabilidades terminan en un plazo de tres años, si no es el caso se debe dar vista a la Contraloría.

Además, dijo, resulta increíble que la Fiscalía no pueda proporcionar dicha información luego del plazo dado, ya que el Departamento de Identificación Humana, afirmó, en su informe anual hace los reportes mensuales y en esa lógica faltaría sólo el correspondiente a 2015 y no el del año pasado, cuando fueron inhumados los 105 cuerpos.

Colín Bolaños cuestionó también el papel que la Visitaduría de la Fiscalía ha hecho “en ocasiones es endeble su actuar, pareciera que protege a sus fiscales a pesar de sus omisiones y dilaciones, no sabemos de qué lado está”, acusó.

Desestimó el actuar de esta área y vaticinó que ésta no hará una investigación de fondo o no se pronunciará para fincar responsabilidades a los involucrados.

Incluso dijo que la CDH Morelos planea reunirse con legisladores para que, de manera urgente, recomiende a los diputados hacer las adecuaciones para que la Contraloría pueda inhabilitar a los funcionarios involucrados.

Relató que se han solicitado a diversas instancias la información sobre las fosas comunes de la Fiscalía, entre ellas a la misma dependencia así como a los 33 municipios.

Ello a pesar de que a mediados de este año fue el mismo municipio de Cuautla, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, emitió un oficio en el que expuso la falta de solicitud, registro o permiso para el funcionamiento de un panteón en Tetelcingo, Cuautla.

El fiscal general, Javier Pérez Durón, declaró lo contrario al estipular que “el panteón cuenta con diversos permisos y de diversas instancias para su funcionamiento”, sin que detallara cuáles o la fecha de emisión de los mismos. Asimismo, aseguró que inició una investigación en contra de los trabajadores de Servicios Periciales de la Fiscalía Oriente por este caso.

Fabiola Colín advirtió que por el momento la CDH Morelos no puede afirmar que las carpetas de investigación no existan, pero al cumplirse la prórroga “en automático opera el principio de presunción del artículo 2 de la Comisión, y se tendrían por ciertos los hechos que se reclaman y lo que se denuncia”. Así, puntualizó, la autoridad no podrá reclamar que no se razonaron,  fundaron y motivaron las resoluciones emitidas.

La FGE enfrenta un escándalo por la inhumación irregular de al menos uno de los 105 cuerpos enterrados en dos fosas comunes del poblado de Tetelcingo. Familiares del comerciante Wenceslao Oliver, privado de la libertad y asesinado a mediados de 2013, denunciaron que a pesar de la coincidencia del 99.99% de las pruebas de genética fue inhumado el 28 de marzo de 2014 sin que la Fiscalía les diera cuenta de ello.

Los restos de Oliver y de otra presunta víctima de secuestro fueron entregados a sus deudos el 9 de diciembre del año pasado luego de un juez ordenó su exhumación.

 

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