Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 22 de septiembre.- El expresidente de Cuernavaca Manuel Martínez Garrigós, mostró este martes lo que a su juicio son pruebas de las falsas acusaciones que ha hecho el ayuntamiento de la capital en su contra por desvío de recursos y malos manejos financieros.
Primero mostró documentos certificados que dice, prueban que quien dejó de cumplir con la obligación legal de pagar las cuotas de los trabajadores al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado fue su sucesor Rogelio Sánchez Gatica, para terminar el trienio 2009-2012.
Como prueba presentó un informe original del propio Instituto donde detalla las fechas de pago pero también las fechas de incumplimiento. El reporte de pago precisa que el incumplimiento se dio después de que solicitó licencia para participar en el pasado proceso electoral del 2012. La segunda quincena del mes de diciembre del 2011 se dejó de pagar pero Manuel Martínez Garrigós pidió licencia al cargo el 29 de noviembre del mismo año.
Para confirmar su dicho también presentó públicamente un peritaje contable hecho por una perito acreditada en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El documentó coincidió en lo dicho por Martínez Garrigós.
Después mostró un expediente donde un juzgado federal lo ampara contra tres carpetas de investigación que inició el ayuntamiento ya con Jorge Morales Barud, como edil. Al respecto, afirmó que la acusación de corrupción en la compra de luminarias para el ahorro de energía de la ciudad también resulta falsa. Presentó un dictamen de una certificadora que avala el ahorro de energía con la colocación de las luminarias arrendadas a la empresa Mifel.
Por último, el legislador Martínez Garrigós, hizo público otro peritaje para desacreditar la acusación penal que hizo la Auditoria Superior de Fiscalización (ASF) por presuntos irregularidades en la cuenta pública del 2009.
“Con la reyna de las pruebas, documentales públicas, le informó que se trató de una fabricación en mi contra”, dijo el político que fue destituido como dirigente del PRI en Morelos y después expulsado de su partido con el argumento de haber incurrido en delitos cuando fungió como edil (2009-2011).