Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 7 de julio.- Ayudantes municipales solicitaron a los diputados locales preguntar a los ciudadanos, mediante una consulta popular, si están de acuerdo con la privatización del alumbrado público, virtud a que 11 ayuntamientos del estado han aprobado sin consenso entregar el servicio a una empresa regiomontana.
De manera simultánea, la Barra de Abogados de Morelos anunció la presentación de un amparo indirecto contra la negativa del Poder Legislativo de instalar el Consejo de Participación Ciudadana, organismo que autorizaría la realización de una consulta popular, el referéndum y la revocación de mandato.
Daniel Vázquez y Julián Jiménez, ayudantes de Tlaltenango y Acapantzingo, respectivamente, entregaron al Poder Legislativo una solicitud formal para abrir el debate en Morelos con la realización de foros sobre la pertinencia de privatizar el servicio público a una empresa.
“En varios cabildos del estado, sin consultar a los grupos civiles, aprobaron entregar el servicio por 20 años; probado está que el modelo privatizador que gobiernos han aplicado en el país no han traído nada bueno, lo mejor es preguntar si la gente quiere darse un tiro en la cabeza, es su decisión”, expresó el Daniel Vázquez, quien recordó que en Cuernavaca ya fue aprobada la concesión.
En el tema generó incluso movilizaciones, por lo menos en el municipio de Jojutla está convocada una protesta civil este miércoles para demandar a los regidores revocar la concesión, incluso este martes un grupo de líderes sociales se entrevistaron con legisladores para exponer su inconformidad pero también para exigirles que por ningún motivo el Congreso local autorice a los ayuntamientos la privatización.
El legislador panista Javier Bolaños Aguilar, en su momento, alertó que los ayuntamientos de forma ilegal concesionaron el servicio, a pesar de que era una atribución del Poder Legislativo.
Amparo Indirecto
Alejandro Smith Vázquez, presidente de la Barra de Abogados en Morelos, informó que en el mes de marzo modificaron sus estatutos, crearon la Comisión de Defensa Social que intervendrá en casos que requiera una defensa legal ante problemas de interés legítimo y acciones colectivas derivado de acciones gubernamentales.
Esta nueva comisión ya tiene una misión. En su análisis existe una violación grave desde el Poder Legislativo, que se ha negado a instalar por ley un consejo integrado por ciudadanos que darán vida a la Ley de Participación Ciudadana.
“Lo que nosotros vamos a hacer es presentar un amparo indirecto, al tratarse de un tema de interés colectivo, sobre todo porque nos permitiría a los ciudadanos tener instrumentos legales para decir sí o no a acciones de gobierno, incluido el referéndum y la revocación del mandato”, dijo Smith Vázquez.