Redacción SL
Cuernavaca, Mor., 4 de julio.- De viaje por Las Vegas, Nevada, el abogado fiscalista Joaquín Guillermo Fernández Urban preguntó al gerente de un hotel: ¿Qué pasaría si desapareciera ‘el cash’, si dejara de circular el efectivo? Se acaba todo, adiós a Las Vegas, respondió el empresario.
Fernández preguntó de nuevo.
“¿Y si el gobierno de Estados Unidos gravara fiscalmente las tarjetas de crédito qué pasaría?”.
“Si el gobierno tomara esa decisión, desaparecería Estados Unidos de Norteamérica”, contestó de manera tajante el gerente del hotel.
Con ese contexto explicó que en esos tiempos a las ‘brillantes’ mentes mexicanas de Hacienda, Jorge Meade y Luis Videgaray, se les ocurrió impulsar esa medida en nuestro país. “Y lo lograron. Crearon el artículo 91, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre La Renta, que cita que ‘para tal efecto también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito.’
“Afortunadamente nunca lograron aplicarlo de manera general. Tal vez sí, pero a un enemigo político, porque si lo hubieran hecho, habrían logrado quebrar el principal medio de consumo y activación económica: el crédito quirografario, conocido comúnmente como tarjeta de crédito. La economía de México simplemente habría colapsado”, opinó Fernández Urban.
El especialista en Derecho Fiscal dijo que sobre este asunto habló con la diputada federal por Morelos, Juanita Guerra, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para proponer la derogación de esta medida normativa que representa un riesgo muy grande para la economía nacional.
En resumen, expuso, en México no pueden existir leyes que se ejecuten o apliquen a conveniencia o leyes que atenten contra la seguridad del país, como en este caso. Es un hecho, prosiguió, que el numeral debe ser abrogado pero además el uso de las tarjetas de crédito debe ser normado de acuerdo con la capacidad fiscal de cada persona en lugar de ser encausado al uso y capacidad económica manifestada sin estar acorde a sus ingresos fiscales.
“Esto sí debería ser controlado por la Secretaría de Hacienda y al tratarse de uso de dinero no fiscalizable pudiera incluso incorporar un impuesto nuevo a las mismas, que no sea oneroso para el usuario pero que si sume a la recaudación y aplicación de algún proyecto productivo de gobierno”, propuso.