Por ladobe.com.mx
PUEBLA, Pue., 07 de julio.- Puebla está entre los seis estados, además del DF, con mayor número de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Así lo dio a conocer la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), conformada por 74 organizaciones de 20 estados del país.
El pasado jueves tres de julio, la Red TDT presentó el informe “El derecho a defender los derechos humanos en México: Informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013”, el cual visibiliza los retos pendientes que tiene el Estado para garantizar, de conformidad con instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, la facultad de defender los derechos humanos en México.
“El país carece de políticas adecuadas para garantizar entornos seguros para defender los derechos humanos, la lógica de acción del gobierno se centra en la protección a actos específicos, y no de políticas que resuelvan cuestiones estructurales”, declaró Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red TDT.
Los siete casos que la Red identificó en el estado de Puebla están relacionados con activistas LGBTTTI, defensores de derechos laborales de la maquila, indígenas en la defensa de su territorio (José Ramón y Pascual), defensa de personas migrantes y trata de personas.
En enero de este año, Misraim Hernández, del Contingente Puebla, ya advertía que en el estado gobernado por el panista Rafael Moreno Valle Rosas, la criminalización de la protesta, lejos de desaparecer tendería a endurecerse, lo que se confirmó con la reciente aprobación de la llamada “Ley Bala”. La prueba, dijo entonces el activista, “es la omisión que ha habido sobre las amenazas a defensores de derechos humanos de parte del gobierno”.
Entre los casos se encuentra el asesinato, en marzo de 2012, de Agnes Torres, defensora de derechos LGBTI, cuyo autor material continúa prófugo.
El secuestro, en mayo de 2012, de José Enrique Morales Montaño, defensor de derechos humanos y miembro del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), cuando además amenazaron de muerte a su directora Blanca Velázquez. La organización ya tenía antecedentes de agresiones en su contra desde agosto de 2011. Hoy, el CAT ya no existe. Y sus integrantes tuvieron que salir del estado.
También en octubre y noviembre de 2011, Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez, defensores de trabajadoras de la maquila –Obreras insumisas- en Tehuacán recibieron amenazas.
Al Estado no le importa
La Red TDT documentó 104 casos de agresiones contra personas defensoras de enero de 2011 a diciembre de 2013, en los que se han registrado 409 agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. A través de estos casos, ubicados en 24 entidades federativas del país, se muestra el contexto en el que las personas defensoras realizan su labor así como los tipos de agresiones de las que son objeto, los temas de trabajo motivan las agresiones, los tipos de perpetradores involucrados en estos actos, la impunidad que rodea todas las denuncias realizadas, entre otras.
A través del análisis de los casos, concluyó que las agresiones más frecuentes utilizadas para obstaculizar la labor son las amenazas y amenazas de muerte, las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas, intimidaciones, la muerte violenta y la violación al derecho a la honra y la reputación. Destaca que entre 2011 y 2013, la Red TDT documentó 27 asesinatos de personas defensoras, la mayoría metidos contra mujeres defensoras, y señaló que todos estos casos continúan en la impunidad.
“La revisión de los casos nos permite constatar la escasa o nula preocupación del Estado mexicano por investigar y sancionar a los perpetradores de las agresiones cometidas en contra de las personas defensoras, siendo esto imperante, debido a que las medidas de protección ofrecidas por las autoridades, no han sido suficientes para detener las agresiones”, declaró Raczynska.
Dentro del grupo de personas agredidas, una preocupación especial la merecen los defensores y defensoras de las personas migrantes, defensores y defensoras comunitarias, líderes sociales, así como integrantes de movimientos sociales, dio a conocer mediante un comunicado de prensa.
Una de las principales preocupaciones que expresa la Red TDT es la ausencia de investigación y sanción a los perpetradores de las agresiones y violaciones a los derechos humanos. A pesar de las denuncias, impera la impunidad en las distintas instituciones de gobierno, lo que permite la continuidad de este ciclo de injusticia y violencia.
En el comunicado de marras, la Red TDT critica el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) del gobierno federal no ha dado respuesta efectiva y pronta a las necesidades de protección y prevención de las y los defensores, y continúa siendo un reto el diseño de una política de prevención y protección.
Finalmente, apunta que “la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la población en general, impactan de manera indiscutible en el trabajo de las personas defensoras. Es indispensable reconocer la importante labor que realizan, prevenir acciones que afecten su trabajo e investigar y sancionar a quienes obstaculizan o impiden el legítimo y necesario ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, como lo señalan las diversas recomendaciones que en la materia ha recibido el Estado mexicano por parte de diversos mecanismos internacionales”.