Radiografía del secuestro en Puebla‏

Por Josué Cantorán | ladobe.com.mx

@josuedcv

Puebla.- Como cada día desde varias semanas atrás, el 20 de marzo de 2014 Nahomi Gutiérrez Rivas, de 20 años de edad, se presentó a las 8 de la mañana en el domicilio de la familia que le ofrecía como trabajo encargarse del traslado de su hijo menor, de sólo tres años, al lugar donde éste recibe sus terapias de rehabilitación.

La joven debía hacerse cargo del pequeño, que presenta discapacidad motora y deficiencias en el desarrollo, durante el trayecto de los 33 kilómetros –y un traslado de aproximadamente media hora– que dividen la población de Villa Lázaro Cárdenas, en el estado de Puebla, al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón ubicado en el municipio veracruzano de Poza Rica.

Sin embargo, un día el menor no estuvo de regreso en su casa a la hora de costumbre y, en cambio, esa tarde una voz masculina en el teléfono reclamó a la madre la cantidad de 2 millones de pesos a cambio de su liberación.

El de este menor fue sólo uno de al menos 23 casos de secuestro ocurridos durante el primer semestre de 2014 en el estado, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Puebla (OCP) recopiladas a través de las averiguaciones previas que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado reporta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

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De acuerdo con el estudio Análisis integral del secuestro en México: cómo entender esta problemática, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y publicado el 26 de agosto de este año, el secuestro es “una práctica delictiva extremadamente violenta que consiste en la sustracción, aprehensión o retención de una persona con el fin de conseguir a cambio un beneficio económico, político o de cualquier otra índole”.

La diferencia entre el secuestro y otras formas ilegales de privación de la libertad, como la detención arbitraria, el rapto o el robo de personas, radica en que este delito tiene un elemento de extorsión en el que se exige a los familiares o allegados de la víctima una compensación –generalmente económica, aunque puede ser de otra índole– a cambio de su liberación o de preservar su bienestar corporal.

Además de ubicar a México como el país donde la tasa de secuestro es más alta a nivel mundial, este documento, basado en datos de 1997 a 2014, reveló que fue 2011, aún durante el sexenio del panista Felipe Calderón, el peor año en materia de secuestros y que en general la incidencia del delito ha ido a la alza en los últimos años.

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El caso del menor secuestrado en Villa Lázaro Cárdenas fue denunciado a las autoridades poblanas de manera casi inmediata, lo que permitió que la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI) iniciara de manera expedita las averiguaciones y encontrara indicios de que el menor fue trasladado a una casa de seguridad en el estado de Hidalgo.

No obstante, no todos los secuestros son denunciados. Esa omisión impide que las cifras oficiales en materia de incidencia delictiva reflejen la situación que se vive realmente y, más aún, como han advertido algunas organizaciones ciudadanas, permite que las autoridades utilicen estas mismas cifras para presumir, muchas veces de manera errónea, que la incidencia delictiva va disminuyendo.

Estudios comparativos entre las cifras emitidas por las procuradurías estatales al SNSP y otros estudios demoscópicos sobre percepción de seguridad como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, aplicada por el INEGI en 2013, han demostrado, por ejemplo, que las “cifras negras”, es decir, la cantidad de delitos que, por no haber sido denunciados, no engrosan las estadísticas oficiales, pueden llegar a ser hasta el 94.2% de los delitos cometidos.

Existen delitos cuya disparidad entre los casos cometidos y registrados no debería ser tan amplia, al menos en teoría, como es el caso de los homicidios dolosos y culposos, pues la presencia de un cadáver obliga a las procuradurías a abrir de oficio una investigación y una averiguación previa correspondiente.

Pero para otros delitos, como es el caso del secuestro, la comisión de un delito dista demasiado de su denuncia, y más todavía de su asentamiento en una averiguación previa, pues el mero aspecto extorsivo que forma parte de la naturaleza del secuestro, inhibe su denuncia.

Y peor todavía si se trata de grupos sumamente vulnerables, como los migrantes centroamericanos que en su paso por México, generalmente sin papeles identificatorios, se vuelven invisibles, sin posibilidad siquiera de ser un número oficial.

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De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Puebla, de enero de 2006 a junio de 2014 existe registro de 226 averiguaciones previas de secuestro.

En 2012 hubo en Puebla 28 denuncias por secuestro distribuidas en 18 municipios de la entidad.

Para 2013 esa cifra estaría aumentando 17.86 por ciento para llegar a 33 denuncias en 23 municipios.

Y para el primer semestre de 2014, la cifra ha llegado a 23, lo cual indica, si en el presente semestre se sigue la misma tendencia, que el año terminaría con un aumento de 39 puntos porcentuales.

Otros datos indican que desde 1997 al primer semestre de 2014, la tasa de denuncias en Puebla por cada 100 mil habitantes nunca ha superado el 1 por ciento, salvo una ocasión: en 2011.

Ese año, ya durante la administración de actual gobernador, Rafael Moreno Valle, la tasa fue de 1.06, por debajo de la tasa de 3.94 que registró ese mismo año Guerrero, pero por encima de otros estados de la zona centro, como Tlaxcala, que sólo tuvo 0.25.

Eso quiere decir que ese año 1.06 de cada 100 mil poblanos denunció un secuestro. En el primer semestre del año en curso la tasa ha sido registrada en 0.41. Uno de esos casos es el del menor en Villa Lázaro Cárdenas.

Después de la localización de la casa de seguridad en Tizayuca, Hidalgo, donde estaba recluido el menor secuestrado en Puebla, resultado de un trabajo coordinado de la Procuraduría poblana con la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro del estado de Hidalgo y la División de Inteligencia de la Policía Federal, se logró la captura de seis presuntos responsables.

Además de la cuidadora del menor, fueron detenidos otros responsables que comparten lazos de parentesco entre sí: son primos, primas, cónyuges.

Este dato es de relevancia para el Observatorio Nacional Ciudadano, quien explica en los aspectos sociológicos del secuestro que, generalmente, las bandas delincuenciales dedicadas a este ilícito agrupan a un buen número de personas que generalmente son familiares o tienen relación de amistad, y que cada una se dedica a una actividad específica durante la compleja logística que requiere la comisión de un secuestro.

Según la organización esto se debe a que “contar con gente confiable es fundamental puesto que aminora los riesgos de operación y los problemas derivados de la impaciencia por recibir el rescate”.

El documento también refiere que los índices de incidencia de cada delito nunca se presentan de manera separada, es decir, el aumento de la incidencia de secuestros generalmente vendrá en un contexto donde otros delitos también han aumentado.

Es decir que el clima de inseguridad alienta la comisión de nuevos delitos. Y un ejemplo sería el siguiente: el alza en el delito de secuestro hace posible que se cometan extorsiones telefónicas –en la modalidad en que el criminal hace creer a su víctima que un familiar suyo ha sido secuestrado– pues la víctima sabe que sí existe la posibilidad de que su familiar haya sido privado de su libertad.

Datos del INEGI revelan que 40.2 por ciento de los ciudadanos poblanos mayores de 18 años se perciben a sí mismos como posibles víctimas de secuestro.

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Ante un panorama como el anterior pareciera que lo que más debe fortalecerse es la prevención y que sólo la organización de la ciudadanía permitirá que las instituciones públicas actúen de manera más fuerte para incidir en la disminución de los índices delictivos.

El propio Observatorio Nacional Ciudadano, en su Análisis integral del secuestro en México, hace notar que en los momentos en que la organización ciudadana se hace más fuerte es cuando las cifras y las estadísticas apuntan caídas considerables, y cita los ejemplos de la Marcha Blanca de 1997 y la reciente conformación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

“Si realizamos una revisión histórica de las acciones gubernamentales en materia de secuestro, podremos observar que después de la marcha se comenzó a apreciar una disminución en los registros de averiguaciones de secuestro, que podría atribuirse a la conformación y fortalecimiento de un grupo de coordinación interinstitucional antisecuestros que tuvo la capacidad de capturar a algunos de los importantes secuestradores como Daniel Arizmendi, alias El Mochaorejas”, dice el documento de la ONG.

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