Por Yadira Llaven Anzures/La Jornada del Oriente
Puebla, Pue., 1 de octubre.- El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) denunció que se reactivaron las órdenes de aprehensión contra Adela Ramos Villalba, Eusebio Torres Aguilar, Alejandro Torres Xocolatl y Juan Carlos Flores Solís, con el fin de presionar judicialmente para que se concluya la instalación del Gasoducto Morelos en territorio poblano.
Por su parte, el pleno del Congreso de la Unión exhortó al gobernación federal instalar una mesa de diálogo con los afectados de la comunidad de San Lucas Tulcingo y perseguidos.
Mientras que durante su visita a México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia solicitud de medidas cautelares para los perseguidos y el derecho a la vida y seguridad del pueblo de San Lucas Tulcingo.
Integrantes del Frente de Pueblos expusieron que mientras el Proyecto Integral Morelos (PIM) sigue avanzando con uso de la fuerza pública y amenazas de represión en los estados de Morelos y Tlaxcala, en Puebla el acoso judicial continúa contra los opositores del gasoducto que pone en riesgo a los pueblos que circundan el volcán Popocatépetl.
En Puebla comenzó desde 2014 un proceso de judicialización de los opositores al proyecto, por medio de la apertura de expedientes penales absurdos, en donde los mismos trabajadores de las empresas interesadas en la construcción del Gasoducto Morelos, como Bonatti Spa y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), declararon que los defensores los agredieron, robándoles o privándoles de su libertad.
En el caso de San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco, Puebla, la CFE ocupó a los trabajadores Carlos Aurelio Muñoz Zambrano y Héctor Alejandro Torres Santos, para inculpar penalmente a las autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo.
Estas denuncias de personal de la paraestatal es también contra el comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac Avelino Velázquez Tapia, a Eusebio Torres Aguilar y Adela Ramos Villalba originarios de San Lucas Tulcingo, así como a Alejandro Torres Xocolatl y Juan Carlos Flores Solís miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala.
Los señalados fueron acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, con los agravantes de contra funcionario público y pandillerismo. Siendo un total de tres delitos y una pena mínima de dos años tres meses o máxima de 13 años y medio de prisión.
Bajo el expediente 19/2015, el Juez Quinto de Distrito con sede en Puebla dicto el 6 de mayo de 2014 una orden de aprehensión contra cinco autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo, y los cinco miembros ya señalados que se siguen oponiendo al proyecto.
Por esta razón, el FPDTA interpuso en mayo y junio de ese año amparos que les otorgaron la suspensión definitiva de las órdenes de aprehensión en tanto no se resolviera el amparo.
Sin embargo, a raíz de esta orden de aprehensión, el 27 de noviembre de 2014 las autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo, acordaron junto con la CFE el paso del proyecto, bajo una negociación de presión en la que los trabajadores de la CFE otorgaron supuestamente el perdón a todos los perseguidos por la causa 19/2015.
En respuesta, las autoridades civiles y agrarias firmaron un acuerdo del paso del Gasoducto con la CFE por obras de electrificación en la comunidad, ambos documentos con la misma fecha de firma.
El escrito de perdón firmado y entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) por la parte acusadora Carlos Aurelio Muñoz y Héctor Alejandro Torres, lo solicitan por “así convenir a nuestros intereses, por continuar realizando trabajos de gestión y construcción del Gasoducto Morelos”.
Es decir que los acusadores declaran que su interés en la demanda de privación ilegal de la libertad depende o está vinculada con el paso del Gasoducto Morelos.
Ambos documentos (escrito de perdón y aceptación de la obra con misma fecha) son pruebas documentales públicas que muestran indicios que los trabajadores de la CFE y directivos de la misma pudieron haber utilizado esa demanda como un medio de presión para obtener el derecho de vía del Gasoducto.
Estos argumentos que demuestran la presión de la CFE para la aceptación del Gasoducto Morelos, fueron presentados por el FPDTA en los amparos 706/2014 y 837/2014 a cargo del Juez Primero de Distrito con sede en Tlaxcala, para la defensa de Adela Ramos Villalba y Juan Carlos Flores Solís.
Sin embargo, en lugar de ser tomadas a su favor, el Juez de Distrito retiró las medidas suspensionales contra las órdenes de aprehensión de los compañeros y devuelve las atribuciones al poder judicial federal en Puebla para continuar con la persecución y aprehensión de los compañeros.
Dos días después, el mismo Juez de Tlaxcala ocupa un incidente de acumulación de expedientes para paralizar el juicio de amparo y retrasar la audiencia constitucional.
Por lo que actualmente han sido reactivadas las ordenes de aprehensión de Adela Ramos Villalba, Eusebio Torres Aguilar, Alejandro Torres Xocolatl y Juan Carlos Flores Solís.
Estos actos han comenzado a ser documentos y enviados por el FPDTA-MPT a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para su estudio y aceptación del caso.
La solicitud de medidas cautelares ante la CIDH gira en torno a los riesgos del funcionamiento del Gasoducto en la comunidad de San Lucas Tulcingo y la persecución de los defensores de la tierra y el agua que no les permite defenderse física y legalmente ante los inminentes abusos de autoridad del gobierno, sustentados en pruebas documentales públicas que demuestran un patrón de conducta ilícita de persecución en contra los pobladores.
En tanto, la comunidad de San Lucas Tulcingo solicitó su intervención al Congreso de la Unión para analizar la situación legal de los cinco perseguidos y demandar el derecho a consulta de este pueblo indígena náhuatl del volcán Popocatépetl.
Como resultado, el Pleno del Congreso de la Unión aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación federal (Segob) para establecer una mesa de diálogo con los afectados.
Este exhorto es respaldado por los Coordinadores Parlamentarios de los ocho partidos políticos representados en el Congreso federal.
La comunidad de San Lucas Tulcingo está en espera del Acuerdo que tomé la Segob en próximos días, por lo que el FPDTA demandó que sean garantizados el derecho a la información, a la defensa jurídica y contra los abusos de poder de los representantes del gobierno que los criminalizan y judicializan por defender los derechos humanos.