Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 28 de noviembre.- Las mujeres que cuestionan los procesos internos para la selección de candidatos a puestos de elección popular, deben afrontar las reacciones virulentas de las dirigencias municipales, estatales o nacionales en su contra, denunciaron activistas durante el Encuentro de Defensoras de los Derechos Político Electorales de las Mujeres.
Muriel Salinas Díaz, presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres, habló sobre tres casos de violencia ejercida contra militantes del PRD en el estado de Guerrero que se atrevieron a cuestionar el proceso interno de su partido en la elección local pasada, cuando el Sol Azteca no atendió el principio de paridad en las candidaturas.
Recordó que tras la desaparición de los 43 normalistas, el 26 de septiembre 2014, en Iguala, los comicios electorales de junio de 2015 se tornaron violentos e incluso se contempló su cancelación.
Silvia Isabel Barrera Salgado era aspirante a la alcaldía de Teloloapan, Reyna Ramírez Santana a regidora por Iguala y Marisol Cuevas Serrano aspiraba a un cargo similar, las tres fueron ignoradas por su instituto político y en su lugar postularon a hombres.
De 800 mujeres que forman parte de la Red desplazadas por varones, sólo ellas tres firmaron la impugnación lo que les valió ser amenazadas, agredidas física y psicológicamente y amenazadas con no obtener nunca una candidatura en el Sol Azteca, amenaza que cumplió dicho instituto político, lo que llevó a las mujeres a mirar hacia otras alternancias.
“La disciplina y el voto de silencio impuesto a las mujeres se vuelve un mandato terrible porque en este proceso de selección interna es donde se vulneran más los derechos políticos de las mujeres”, declaró Salinas Díaz.
Con la amenaza de que si te enojas y protestan no te dan nada, abundó, las mujeres que militan en los partidos toleran y aguantan sendas violaciones a sus derechos político-electorales, muchos atropellos a su dignidad.
En aquel año, al dictaminarse contra la impugnación, los partidos reaccionaron, señaló la activista, de manera brutal en contra de las mujeres. Pero también admitió que su proceder resultó hasta temerario ya que Guerrero está cooptado por el crimen organizado y la impugnación “violentó” los intereses económicos de la delincuencia, lo que puso en riesgo inminente sus vidas.
Congelamiento político
Las tres mujeres sortearon amenazas, hostigamientos, la intervención de sus teléfonos celulares y el “congelamiento” de sus partidos por un par de años, y para el siguiente proceso electoral consideraron otras opciones pero, a decir de Muriel Salinas, la reacción es la misma en contra de las mujeres que emprenden una defensa de sus derechos electorales.
Anabel López Sánchez, directora del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, se centró en la violencia política que se ejerce en el estado de Oaxaca, donde una de las problemáticas encontradas fue en los municipios que se rigen por usos y costumbres donde la figura de la mujer simplemente es inexistente como tomadora de decisiones.
En 2015 se estableció un cuerpo en dichas localidades que debieron incorporar a mujeres por el lineamiento de la paridad. Se obligó a los municipios a que las asambleas incorporaran a mujeres y que al menos una ocupara un cargo de representación popular.
Esto, señaló, ayudó a identificar las trampas culturales y los cacicazgos para impedirlo porque, dijo, no es la identidad indígena la que está en contra de las mujeres sino los intereses políticos que también son muy comunes entre las comunidades indígenas.
López Sánchez expuso que la participación de la mujer va en crecimiento porque es cierto que las circunstancias sociales y económicas inhiben su actuación.
Ejemplificó que en la parte zapoteca del estado, en los municipios no hay pago de dieta y el encargo es por un año, por lo que el sustento de la casa se ve reducido a tal grado que deben decidir entre el encargo o el alimento.
Otra circunstancia es que las mujeres son amenazadas para que no participen y en caso de hacerlo, ellas, sus hijos o demás familiares son blanco de agresiones.
Anabel López señaló que detectaron asambleas en las que las mujeres fueron electas pero a las que nunca asistieron, ello se dio porque a sus esposos les “tocaba” el encargo y al tener que cumplir con la paridad, el encargo se lo dejaban a la esposa sin que ésta pudiera ejércelo.
En otros casos se les asignaron exclusivamente las regidurías de higiene y hasta panteones. En otros, se buscó presuntos perfiles “fáciles de manejar” o que pensaron que no ganarían, tal fue el caso de San Juan Bautista Lo de Soto, donde Samantha Caballero Melo, del PRI, resultó ganadora y una vez en el puesto fue blanco de agresiones que la llevaron a acudir a los tribunales federales por la inoperancia del gobernador del mismo partido Alejandro Murat Hinojosa, ante la violencia ejercida en su contra, de otras alcaldesas y regidoras.
En el caso de Morelos, Ariadna Urbina Ayala, integrante del Observatorio de la participación política de las mujeres, recordó el caso extremo de violencia cometido en contra de Gisela Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco asesinada por un comando armado delante de su familia en su casa, a tan sólo unas horas de tomar protesta en el cargo, el 2 de enero de 2016.
Desde 2015, comentó, vislumbramos esta embestida terrible contra todo el movimiento feminista en el ámbito social pero principalmente en lo político, que es un claro ejemplo de que el machismo no se puede diseminar.
No conozco a nadie desde lo masculino diga ‘que buena propuesta tienes mujer’, hay mucha más violencia e imperan los traspiés para no permitir la llegada de mujeres a puestos importantes, pero si llegan el pensamiento generalizado es “no te vamos a dejar que hagas lo que quieras”, acusó.
Urbina Ayala reiteró la importancia de las organizaciones civiles y la unidad del género para allanar el camino, pero advirtió que su solo acompañamiento social, jurídico y político entre las instituciones encargadas de dar los elementos para asegurar la paridad no es garantía de que no serán violentadas.
Referenció la urgencia de un cambio cultural social porque “ni las mujeres necesariamente votan por otras mujeres ni todos los hombres van a respaldarlas sólo porque lo mandata la ley”.
La activista dijo que otra constante del pensamiento masculino-político es cómo insertar a las mujeres en la política, y no se dan cuenta que no queremos hacer la misma política que ellos hacen y que desde los partidos políticos la calidad de esta es deplorable precisamente por quienes la crean y la ejercen.
“Qué estamos haciendo donde el poder fáctico es el narco –cuestionó-. Si así nos va donde presuntamente no está, cómo nos estamos preparando para gobernar esos municipios o entidades donde abiertamente sí está”, subrayó.
Ariadna Urbina hizo énfasis en que las elecciones de 2018 son trascendentales para el género femenino, especialmente en los parlamentos locales y el federal, para que se modifique el número ínfimo de mujeres, que ante su ausencia no están representadas ni se hacen leyes con perspectiva de género.
Un protocolo de procesos electorales sin un margen legislativo no sirve de nada, comentó, por lo que urgió a la creación de una defensoría pública de los derechos políticos de las mujeres, finalizó.